El aplazamiento de la Ley para la gestión de registros civiles, principal causa de colapso según el defensor del Pueblo

La situación de provisionalidad normativa que aún se mantiene respecto de los Registros Civiles, derivada del aplazamiento de la Ley que liberará a los jueces de la gestión de estos órganos, es la principal causa del colapso que padecen las comunidades autónomas que son competentes en dotarles de medios materiales y humanos. Así se señala en el último informe del Defensor del Pueblo, hecho público este martes.

En las respuestas que se reciben relacionadas con expedientes de Registro Civil se argumenta que se están aplazando las decisiones a tomar hasta que se clarifique definitivamente quién va a ser competente tras la entrada en vigor de la nueva normativa, una gestión que el Ministerio de Justicia trató de encargar inicialmente a los registradores sin que el proyecto pudiera finalmente aplicarse.

Respecto a la Comunidad de Madrid, el informe destaca las diferencias existentes entre los ciudadanos que se dirigen al registro de la capital, "donde apenas se suscitan quejas" y las recibidas de aquellos otros vecinos que deben acudir a otros órganos más locales como Coslada, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, ColladoVillalba, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Parla y Torrejón de Ardoz. En este punto destaca que no se han atendido las recomendaciones formuladas a la Secretaría de Estado de Justicia para la creación de nuevos juzgados.

NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

El Defensor del Pueblo también se refiere en su informe al Plan intensivo para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia (PIN), ya que se siguen recibiendo quejas por las demoras en la tramitación de los expredientes presentados entre los años 2010 a 2013. La encomienda de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles para la tramitación de estos expedientes estuvo en vigor hasta diciembre de 2014, recuerda.

La Secretaría de Estado de Justicia informó en junio de 2016 de que se encontraban pendientes de resolución 18.000 expedientes de los años 2010 al 2013 y que el pasado mes de diciembre se actualizó la información recibida y se comunicó que se habían resuelto 4.508 expedientes; 7.842 habían sido objeto de requerimientos a terceros y se hallaban pendientes de contestación y otros 5.650 se encontraban en distintas fases de revisión y tramitación.

En 2016 seguían pendientes de inscripción nacionalidades que fueron concedidas en 2013 y que habían realizado ante notario el trámite de jura o promesa de fidelidad, gracias a una encomienda de gestión, que en abril de ese mismo año se había suscrito con el Consejo General del Notariado, añade el informe del Defensor.

Las quejas más relevantes en materia de nacionalidad se refieren a la demora en cada uno de los trámites y en la resolución de los recursos, a los que hay que sumar lasque se refieren a la disconformidad con los motivos de la denegación; el retraso de varios años e incluso la omisión del deber de resolución expresa y extravío de los expedientes durante la fase de "escaneado".

DEMORAS RECONOCIDAS DE DOS AÑOS

Otro motivo de queja destacado por el Defensor del Pueblo se refiere a las demoras en la resolución de los recursos que se formulan ante la Dirección General de los Registros y el Notariado. La Secretaría de Estado de Justicia, reconoció en 2016 la existencia de una demora media en la resolución de recursos de dos años

A estos motivos de queja que se repiten, se han sumado en 2016 los referidos a la dificultad para la realización de los exámenes para la obtención del diploma de español como lengua extranjera (DELE) y en la prueba que acredita el conocimiento de los valores históricos, constitucionales y socioculturales de España (CCSE). Ambas pruebas son diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes.

Se han recibido también quejas relacionadas con la exigencia de certificación electrónica para acceder a la información disponible en la página web del Ministerio de Justicia sobre el estado de cada expediente. Este requisito impide el acceso a la información a quienes no disponen de él ya que, en muchos registros civiles, la alternativa para la obtención de información de modo presencial tampoco está disponible salvo para un reducido número de ciudadanos que son atendidos cada día, añade el informe.

El nuevo procedimiento de nacionalidad por residencia y la referida prueba CCSE intentan objetivar el concepto de integración social, añade el documento. Las quejas ahora se deben a la ausencia de un centro acreditado del Instituto Cervantes cercano donde examinarse, a la demora en la realización de las pruebas y a la falta de previsión de una modalidad de examen específica para los solicitantes afectados por el analfabetismo.

Además, el Defensor reconoce que los problemas generados por las diferentes interpretaciones acerca del momento en que debían estar en vigor las certificaciones de antecedentes penales -si era el de concertación de la cita para solicitar la nacionalidad o el de la efectiva presentación de la solicitud- han quedado resueltos con el nuevo procedimiento. Es de prever que en lo sucesivo no se produzcan nuevas denegaciones por esta causa, concluye el informe.