Venezuela afronta un periodo de cambios en el que tendrá que asumir grandes retos para garantizar no solo la estabilidad política del país sino también la preservación de todo el patrimonio que tiene en el extranjero. Se trata de oro, activos líquidos en cuentas bancarias, acciones, valores, inmuebles y hasta material de gran valor que conserva en las embajadas. Para blindarlos, el país bolivariano tiene dos vías de acción: la diplomática y la jurídica.
Por ese motivo, una de las primeras decisiones que aprobó la Asamblea Nacional después de que Juan Guaidó se proclamara presidente de Venezuela fue la de solicitar a cerca de medio centenar de países la protección de activos de la república puesto que la consecuencia jurídica de la declaración de Guaidó es que todos ellos no pueden ser movilizados, transferidos o invertidos de ninguna de las formas por parte del gabinete de Nicolás Maduro. Al respecto, ya hay países como Inglaterra o Estados Unidos que han prohibido la movilización de 12.000 toneladas de oro o bloqueado 7.000 millones de dólares de activos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
Según explica el abogado Juan Carlos Gutiérrez, experto en Derechos Humanos del despacho Cremades & Calvo Sotelo, para proteger el patrimonio legal del país es necesario actuar desde el punto de vista legislativo y jurídico. El experto recuerda que existe un contexto de legislación interna pero también unos mecanismos internacionales que hay que activar para lograr la mayor cooperación posible de cara a salvaguardar el patrimonio nacional o restituir el que fuera sustraído.
Sobre este asunto conviene recordar acuerdos alcanzados a nivel internacional como la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional -conocida como Convención de Palermo- o la Convención de la ONU contra la Corrupción, suscrita en Nueva York en 2003. Según explica, las normas internacionales existen y deben aplicarse de cara a lograr "Justicia y restitución". Igualmente recuerda que los embajadores de Venezuela en diferentes países del mundo tienen una labor fundamental de cara a mantener y fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales y preservar los bienes del país en este momento de transición.
Según el letrado, a falta de conocer con exactitud cuántos activos tiene Venezuela en el extranjero, lo que parece más presumible es que éstos estén en aquellas naciones con los que la república tenga más relaciones petroleras. De ahí que advierta de la preocupación que genera entre algunos sectores el hecho de que países como Rusia y Turquía -socios comerciales estratégicos del gobierno de Nicolás Maduro- manejen dinero y transfieran oro del país.
Acciones penales ante delitos de blanqueo y malversación
Las acciones a emprender no solo deben ir encaminadas en este plano sino también en el ámbito jurídico ante la posibilidad de que la sustracción de esos fondos nacionales acabe siendo susceptible de la comisión de delitos tales como blanqueo de capitales o malversación. Sobre este asunto concreto, la Justicia española tiene abierta una importante línea de colaboración con Caracas. En nuestro país, la competencia para estudiar estas cuestiones concretas la ostenta el órgano de la Audiencia Nacional, tal y como lo recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su artículo 65.
De hecho, este tribunal tiene abiertas varias líneas de investigación, entre ellas, la que se sigue contra la excúpula de la petrolera estatal venezolana por delito de blanqueo así como irregularidades en la administración de fondos públicos tras sospecharse que se habría desviado grandes cantidades de dinero de la misma a España. Precisamente, este mismo viernes la Sala de lo Penal se pronunció sobre la extradición de la exenfermera de Hugo Chávez, su marido (y exguardaespaldas el fallecido presidente venezolano) y un excontable de PDVSA y lo hizo rechazando la misma al considerar que se podrían vulnerar sus derechos fundamentales.
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