Aprobada la Ley de Acompañamiento en Madrid con el rechazo de la oposición

  • La Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas con la que el Gobierno regional pretende impulsar la competitividad del tejido productivo y aumentar la productividad en el sector público, y que ha contado con el rechazo de la oposición, que ve un ataque al empleado público.

Madrid, 27 dic.- La Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas con la que el Gobierno regional pretende impulsar la competitividad del tejido productivo y aumentar la productividad en el sector público, y que ha contado con el rechazo de la oposición, que ve un ataque al empleado público.

La conocida como Ley de Acompañamiento se ha aprobado después de que se rechazasen prácticamente todas las enmiendas, ya que sólo han salido adelante las registradas por el PP y una transaccionada por los populares y UPyD, en la que se plantea la supresión de dos organismos públicos.

Entre las medidas que contempla la Ley de Acompañamiento, destaca la reducción del porcentaje de suelo que deben ceder los promotores a los Ayuntamientos para equipamientos públicos, que según la oposición convertirá las ciudades en "vertederos de ladrillo".

El PP ha presentado enmiendas para, por ejemplo, eliminar la licencia para vender bebidas alcohólicas en locales comerciales, suprimir el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia Madrileña para la Inmigración (transaccionada con UPyD), dar mayor flexibilidad de horarios a las farmacias o extender las deducciones en materia educativa al segundo ciclo de educación infantil.

Pero las dos enmiendas del PP que más críticas han levantado entre la oposición y los sindicatos son las que piden aumentar el horario de los empleados públicos -que pasará de 35 a 37,5 horas semanales- y que la Comunidad deje de complementar su sueldo en los casos de bajas por enfermedad entre 4 y 15 días, con el fin de reducir un 40% el absentismo laboral.

Durante el pleno, el portavoz adjunto de PP, Pedro Muñoz Abrines, ha dicho entender el esfuerzo de los empleados públicos por tener que trabajar más horas, aunque ha recordado que lo que se ha hecho es igualar su jornada al resto de funcionarios del Estado, y eso no ataca a sus derechos, sino que mejora su productividad.

"Sorprende la repentina defensa de los empleados públicos por parte del PSOE cuando hace poco, a través de un decreto, les bajó el sueldo un 5%", ha añadido.

El portavoz del PP ha defendido la reforma de la Ley del Suelo -que evitará excedentes de terreno que provocan un gran coste a los Ayuntamientos-, o las exenciones fiscales, frente a la oposición, que lo que quiera, ha dicho, es subir los impuestos.

Por su parte el portavoz adjunto del PSOE, Antonio Carmona, ha calificado la ley como "la mayor agresión" que se ha ejercido contra los trabajadores públicos desde la fundación de la Comunidad de Madrid en 1982, ya que conllevará el despido de 8.000 empleados públicos.

De hecho, el incremento de la jornada laboral y el cobro de solo el 60 por ciento en caso de baja por enfermedad son modificaciones que se han hecho "de espaldas a la mesa de negociación" y mientras se llamaba "vagos" a los empleados.

La modificación de la Ley del Suelo convertirá la ciudad "en un vertedero de viviendas" ya que permite construir menos zonas verdes, alcantarillados, colegios o centros de salud, y contabiliza la superficie de jardines privados como zonas verdes, ha reprochado.

La portavoz de IU en materia de Presupuestos, Libertad Martínez, ha afirmado que comenzó el debate presupuestario con preocupación por la deriva neoliberal y los costes sociales de las medidas del Gobierno, pero hoy es un grupo "aterrado" por la "quiebra del Estado de derecho y la ruptura de las reglas de convivencia democrática".

Con las enmiendas del PP que repercuten sobre los empleados públicos, ha dicho, el PP y el Gobierno "han roto el principio de buena fe que debe presidir toda negociación colectiva".

El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha reprochado al Gobierno regional que utilice la ley aprobada hoy para "despachar rápidamente" la modificación de una docena de leyes en un trámite "dudosamente democrático" que, en el caso de la Ley del Suelo, conlleva una modificación que supone volver a la legislación de hace 40 años.

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