La extenista Arantxa Sánchez Vicario ha comparecido en viernes en calidad de testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona, y ha ratificado la querella que presentó contra su padre y su hermano Emilio.
La exdeportista acusa a sus familiares de haberse apropiado más de 16 millones de euros de su fortuna hasta arruinarla. Todo habría ocurrido debido a la confianza que depositó en ellos, en el abogado Bonaventura Castellanos y el economista Francisco de Paula Oro.
Presentó la querella a finales de 2012, pero fue archivada debido a la falta de indicios de criminalidad de la misma. La extenista recurrió y tras la ratificación, el juzgado llamará a declarar como imputados a los gestores de la fortuna de la tenista, por los delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta, deslealtad profesional y falsedad, como ordenó la Audiencia de Barcelona.
Arantxa Sánchez Vicario afirma que gran parte del dinero que ganó durante su etapa profesional, no fue protegido correctamente, labor que encomendó a su padre y al economista.
Se retiró tras los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y fue a partir del año siguiente cuando decidió atender sus cuentas. Su sorpresa llegó, sostiene la exdeportista, cuando Hacienda le impuso una sanción de 5,2 millones de euros por liquidación incorrecta de su IRPF.
Entonces encomendó una auditoría interna de las cuatro sociedades titulares de su patrimonio inmobiliario y financiero para aclarar la gestión. Entonces habría revelado órdenes de reintegro de fondos en efectivo y transferencias bancarias emitidas por su padre, su hermano, el abogado y una cuarta persona ajena al ámbito familiar por un importe total de más de 16 millones de euros.
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