Los que fueran jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank, imputados en el caso 'Tándem', se han defendido de los reproches que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón les dirigió en el auto de imputación de ambas empresas al no haber verificado varios aspectos referidos a la contratación de José Manuel Villarejo. En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tachó de "negligentes" las actuaciones de Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño por no comprobar si el Grupo Cenyt -entramado empresarial del agente encubierto- estaba habilitado para para prestar servicios de seguridad privada, ni el escalafón de la Policía Nacional para ver si el dueño de la empresa contratada seguía estando en activo en el Cuerpo. Para las defensas de ambos investigados, estas afirmaciones del juez instructor ni son ciertas ni "se corresponden en absoluto ni con la realidad", ya que lo que se 'encargó' al comisario jubilado eran tareas de inteligencia corporativa, las cuales estaban exentas de tener que recibir una autorización administrativa para su practica. También destacan que no es tan sencillo, ni legal, confirmar en un documento interno policial qué condición tenía el ahora comisario jubilado.
Así lo manifiestan en sendos escritos, a los que ha tenido acceso La Información, los exjefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank, que tratan de desmontar los argumentos que el magistrado instructor utilizó para imputar a la petrolera y a la entidad financiera por contratar en 2011 al comisario jubilado tras tener conocimiento de que Sacyr Vallehermoso se había aliado con Pemex para hacerse con el control de la petrolera española. Para ello, estos dos investigados han solicitado al juez que requiera a la Dirección General de la Policía una serie de información que, a su juicio, permitiría demostrar que su actuación se movió en parámetros de legalidad.
Por un lado, la defensa del exjefe de Seguridad de Repsol Rafael Araujo interesa que la Policía informe si entre 2011 y 2014 se realizó alguna actuación de control, inspección o sanción o se recibió alguna denuncia o comunicación de empresas, asociaciones, sindicatos o particulares contra Cenyt por haber infringido la normativa de Seguridad Privada con ocasión de sus actividades. Por otro, el abogado del que fuera responsable de este departamento en CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, reclama que la misma dirección aclare si en el año 2011 era posible acceder "públicamente y con facilidad, de forma legal" a la situación administrativa de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
El escrito de Araujo subraya que tanto la Ley de Seguridad Privada que estaba en vigor en la fecha de la contratación de Villarejo como la actual, vigente desde 2014, excluyen de su aplicación a las empresas o personas que realicen "análisis o informes de inteligencia corporativa", tareas que, según señala, fueron las que se encomendaron a Cenyt con el fin de "recabar información de interés empresarial al pacto Pemex-Sacyr". Es más, para ahondar en su correcto proceder a la hora de contratar al comisario jubilado, el exjefe de Seguridad de Repsol subraya que rechazó "desde un principio" la oferta inicial de Villarejo por el importe de "más de un millón de euros" y que "limitó" el encargo a la obtención y verificación de datos sobre el acuerdo de la constructora y la petrolera mexicana.
Según consta en el sumario, para llevar a cabo esta tarea bautizada por Villarejo como 'proyecto Wine', el comisario jubilado presuntamente espió al expresidente de Sacyr Luis del Rivero y a su entorno más cercano, y además obtuvo información relacionada con Pemex. No obstante, la representante legal de Repsol, que declaró el pasado lunes ante el juez, negó que en el contrato se incluyera algún tipo de acceso a datos personales o acciones que pudieran vulnerar los derechos de las personas, y recalcó que todos los informes entregados por el agente encubierto fueron elaborados con fuentes abiertas o públicas. La defensa de Araujo sostiene este mismo argumento en su escrito fechado el pasado 14 de julio, en el que indica que las "notas de avance" o los propios informes realizados por Cenyt y localizados en la compañía ponen de manifiesto que eran documentos que tenían un carácter "meramente descriptivo y que reflejaban datos e informaciones a los que podía tenerse acceso bien de fuentes públicas o abiertas bien de fuentes sujetas a suscripción o pago".
La actividad de Cenyt era conocida y pública
Con todo ello, el escrito hace hincapié también en que la actividad de Cenyt no solo se desarrolló durante décadas en un "establecimiento abierto al público en un edificio de negocios emblemático", como es la Torre Picasso de Madrid, sino que era "conocida e incluso utilizada" por la propia Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, tal y como se ha puesto de relieve en la comisión de investigación de la 'Operación Kitchen' que se está celebrando en el Congreso de los Diputados. "Parece por tanto, que ni las autoridades competentes para realizar el control e inspección de las actividades de seguridad privada, ni los operadores del sector plantearon en ningún momento que las sociedades del Grupo Cenyt o el propio señor Villarejo incurrieran en irregularidad administrativa alguna al ejercer su actividad de inteligencia corporativa, a pesar de la larga trayectoria de dicho grupo y la amplia cartera de clientes a los que prestó sus servicios", insiste la defensa de Araujo.
Por su parte, Miguel Ángel Fernández Rancaño insiste en que los pagos por parte de Repsol y CaixaBank -que en 2011 era el primer accionista de la petrolera- no iban dirigidos a Villarejo, si no a su entramado empresarial. En cualquier caso, critica al juez que ponga en duda su actuación asegurando que una simple consulta del escalafón del Cuerpo Nacional de Policía habría permitido indagar sobre la situación administrativa del agente encubierto. Según dice el escrito de su defensa, con fecha del pasado 22 de julio, "como lógicamente sucede y sucedía en el año 2011 en el que el terrorismo era un fenómeno notablemente impactante en la sociedad española" esta documentación "no era ni es de acceso público, sino que se encuentra restringido a los funcionarios en activo, requiriendo de determinadas claves y contraseñas" que el que fuera jefe de Seguridad de la entidad financiera no tenía ya que abandonó el servicio activo en 2005. Asimismo, asegura que no consta en ninguna norma el deber de averiguar la condición que tienen "los profesionales procedentes de cuerpos de funcionarios antes de contratarles, cuando los mismos trabajan en organizaciones profesionales de público conocimiento". "Pero es que aunque ello hubiera sido así, estaríamos ante un deber de imposible cumplimiento lícito", concluye.
Los jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank no han sido los únicos que han recriminado al juez estas afirmaciones. También lo ha hecho su homólogo en Iberdrola, Antonio Asenjo. El magistrado Manuel García Castellón imputó a la filial de la energética Iberdrola Renovables Energía un día después de a la petrolera y al banco por contratar también a Villarejo esgrimiendo el mismo argumento: que no se comprobó si el comisario seguía en activo. En este caso, la defensa de Asenjo contesta en otro escrito, al que también ha podido acceder este diario, con una respuesta similar a la que ha dado Fernández Rancaño, que es cierto que las ordenes ministeriales sobre el escalafón policial se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero ello "no puede llevarnos a engaño" puesto que la relación no ha sido objeto de publicidad y su acceso es de carácter interno y privado.
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