Fin a la causa que investigaba un supuesto caso de acoso sexual dentro de Podemos. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el último recurso contra el archivo de las querellas contra el exabogado de la formación morada José Manuel Calvente, que fue acusado por su excompañera Marta Flor de haberla acosado sexual y laboralmente cuando trabajaban juntos en el partido. Una decisión que toma el tribunal después de "no haberse acreditado indiciariamente la comisión de ninguno de los delitos imputados". Y contra el que no cabe recurso, según señala el auto de sobreseimiento al que ha tenido acceso La Información.
Los jueces decidieron el pasado 18 de diciembre desestimar el recurso de apelación que interpuso Flor después de que el juzgado de Instrucción número 32 de Madrid archivara su querella, en la que incluía contra Calvente supuestos delitos de hostigamiento, coacciones y lesiones. Pero tras analizar las declaraciones y las conversaciones mantenidas entre ambos por vías como Whatsapp o el correo electrónico, la Audiencia mantiene el criterio del juzgado y considera que las pruebas son insuficientes para achacar a Calvente esos delitos.
El caso comenzó a finales de 2019, cuando Podemos despidió al que había sigo uno de sus abogados de máxima confianza asegurando que había acosado a Flor, con la que trabajaba en el equipo legal del partido desde hacía un tiempo. Calvente mantuvo en todo momento que la denuncia era falsa, y la achacaba a que le querían silenciar por haber descubierto numerosas irregularidades internas. Mientras que el líder de los morados, Pablo Iglesias, aseguró en público que se había prescindido de él por el supuesto acoso sexual y laboral. Una posición que el partido, y el propio Iglesias, han mantenido incluso después de que el juzgado decretase el primer archivo de la querella.
Flor aportó como pruebas contra su supuesto acosador varios mensajes que se intercambiaron, en lo que según su versión este intentaba coaccionarla y tener una relación más íntima con ella a pesar de que no estaba interesada en ello. Algo que Calvente negó, por lo que entregó a los jueces las transcripciones completas de sus charlas con su excompañera. Una documentación en la que detalló el contenido de las mismas, según explican fuentes de la investigación. Un choque de pruebas que, según los jueces, son suficientes para rechazar un proceso contra el jurista, que llevó personalmente algunos de los casos en los que Podemos estaba personado como acusación particular.
En contra de lo sostenido por dirigentes morados como el propio Iglesias o Sofía Castañón sobre su salida del partido, Calvente aseguró desde el principio que le despidieron por haber investigado posibles irregularidades internas, como la supuesta caja B, que fue investigada y posteriormente archivada por un juzgado. Otro de los motivos para que le despidieran fue haberse negado a desvelar datos confidenciales al secretario de Organización, Alberto Rodríguez. Una información a la que tenía acceso porque ejercía como delegado de Protección de Datos dentro de Podemos.
A finales de octubre, los representantes legales de los morados admitieron que el despido de Calvente había sido improcedente tras llegar a un acuerdo con su extrabajador. El pacto conllevaba una indemnización, que era una de las reclamaciones principales del letrado al partido desde que salió del mismo. Mientras tanto, este ha declarado como testigo en causas abiertas como el 'caso Dina', por el que el juez Manuel García Castellón ha pedido que se investigue a Pablo Iglesias en el Tribunal Supremo. Una decisión que llegó después de que el mismo Alto Tribunal le devolviera al actual vicepresidente segundo la condición de perjudicado en la causa por el robo de la tarjeta del móvil de su exasesora.
Calvente también aseguró ante el juez que su expartido utilizó la supuesta relación que mantenía Marta Flor con el fiscal Ignacio Stampa para beneficiar electoralmente a Pablo Iglesias. Unas denuncias que han provocado que Stampa, conocido por trabajar en la instrucción de las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo, fuera el único fiscal en comisión de servicios que no obtuviera una plaza fija.
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