En la última semana, grandes despachos de abogados han anunciado la ruptura con clientes rusos y bielorrusos como consecuencia de la invasión de Ucrania. Incluso algunos bufetes internacionales como Clifford Chance, Allen&Overy, Linklaters o Whit&Case han decidido también cerrar sus oficinas en Rusia para mostrar su rechazo a los hechos que acontecen desde el pasado 24 de febrero. Se trata de una medida compartida más allá del sector legal y jurídico, si bien ha abierto el debate sobre si el veto de asesoramiento legal debe limitarse únicamente a las personas y entidades que han sido incluidas en la 'lista negra' de la Unión Europea o de Estados Unidos, o si la restricción debe extenderse a cualquier persona que pueda tener algún tipo de relación con el país que preside Vladimir Putin.
Este caso fue expuesto este jueves por el presidente de Garrigues, Fernando Vives, quien condenó el conflicto en Ucrania y "cualquier vulneración de derechos humanos". Vives entiende la presión que pueden tener despachos británicos y estadounidenses por el volumen de negocio con Moscú, si bien rechaza que se cierren puertas a todos los clientes rusos en virtud de los bloqueos de activos financieros que se han impuesto a 'oligarcas' y personas cercanas a la esfera de Putin, con el fin de 'ahogar' al Kremlin y evitar la financiación de la invasión. Así, indicó que "desde el inicio de la crisis" el despacho estableció "un estricto sistema de control para monitorizar cualquier servicio profesional requerido por empresas y ciudadanos rusos y bielorrusos", pero sin "demonizar" a determinados posibles clientes.
En línea similar se ha posicionado Pérez-Llorca, que en un comunicado ha manifestado su apoyo a las decisiones tomadas por diferentes instituciones y por ello está "revisando" el trabajo que desarrolla para clientes y compañías rusas. Sin embargo, este despacho no descarta "el rechazo de nuevos mandatos y la interrupción de los existentes". "Creemos que la situación nos exige dar pasos que van más allá del cumplimiento de las sanciones", añade la nota. También Cuatrecasas ha adoptado "controles específicos" para evitar que sus abogados acepten asuntos que "directa o indirectamente" supongan un asesoramiento a "entidades públicas y personas relacionadas o incluidos en listados sospechosos", según ha informado un portavoz del despacho.
En este tipo de decisiones entran en juego numerosos factores como los valores éticos y principios corporativos y profesionales o la propia reputación de las firmas. Según explican varios expertos en reputación y marketing consultados por La Información, que el nombre de un despacho aparezca al lado de uno de los empresarios a los que se le ha impuesto sanciones económicas por su cercanía al gobierno ruso puede dañar su imagen. No obstante, apostillan que ello no significa que cualquier ente o persona que proceda o pueda tener intereses en dicho país no pueda recibir asesoramiento o asistencia legal.
Defensa o asesoramiento
Para María Jesús González-Espejo, CEO de Instituto de Innovación Legal, lo más importante en estos casos es "diferenciar el servicio de asesoramiento del de defensa en juicio". En este sentido, recuerda que la Constitución Española protege el derecho a la defensa, mientras que en el caso de los servicios de asesoramiento, "si la empresa o persona está en la lista publicada por la UE, la rescisión contractual estaría justificada por las sanciones impuestas". No obstante, cree que "muchas firmas optarán por no dar asesoramiento a empresas y personas originarias de Rusia, no incluidas en esa lista, por el riesgo reputacional que hacerlo podría suponer”.
Opinión similar sostiene María Ruiz Pacheco, especialista en reputación, marca y estrategia, que recalca que este tipo de decisiones que están adoptando los bufetes de abogados son muy "complejas" y "delicadas" precisamente por el "daño reputacional" que puede llevar aparajeado. Por ello, apostilla que cada despacho debe estudiar detenidamente cada caso concreto, ya que no todos los clientes "son iguales", ni tienen por qué tener la misma relación con Rusia que las personas que han sido sancionadas.
"Muchas firmas optarán por no dar asesoramiento a empresas y personas originarias de Rusia, no incluidas en esa lista, por el riesgo reputacional que hacerlo podría suponer”, afirma María Jesús González-Espejo, CEO de Instituto de Innovación Legal.
"Coherencia" con los valores comerciales
Por otro lado, distintos despachos de abogados que han decidido no continuar con los compromisos adquiridos con clientes rusos subrayan que en la balanza para la toma de decisión se ha puesto también los principios de las compañías. Así lo ha hecho Clifford Chance, que asegura que para ser "coherente con la letra y el espíritu de las sanciones internacionales", así como con los "principios y valores comerciales responsables", ha determinado no asumir nuevos mandatos de ninguna entidad estatal rusa o personas identificadas como cercanas a Putin. El despacho británico ha decidido dar un paso más y este mismo jueves anunció el "cierre ordenado" de las "operaciones en Moscú", lo que conlleva la clausura de su sede en la capital rusa.
Por su parte, otros grandes bufetes internacionales reconocidos se están sumando a este planteamiento. Es el caso de DLA Piper, que también está en plena "revisión estratégica" de su presencia en Rusia, según ha informado en un reciente comunicado. La multinacional, con oficinas en más de 40 países, asegura que cualquier decisión de "reestructuración del negocio en el país" se tomará de acuerdo al "mejor interés" de empleados y clientes. En este sentido reitera que, en apoyo al pueblo ucraniano, ha acordado no seguir representando a determinadas entidades "dada su conexión" con el Estado que dirige Putin, por lo que está en proceso de reducción de "cualquier trabajo existente", lo que irá acompañado de la denegación de nuevos proyectos.
Advertencia similar lanza Baker&McKenzie, que señala que en estos momentos el despacho está "revisando y reajustando su actividad y el trabajo que desarrolla para sus clientes en Rusia a fin de cumplir con todas las sanciones aplicables y con la legalidad vigente". En algunos casos, este análisis podrá suponer "una total desvinculación de las relaciones existentes", avanza un portavoz de la firma consultado por este diario.
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