Argentina afronta el caso de la fragata en medio del silencio de la región

Natalia Kidd

Buenos Aires, 25 oct.- Argentina enfrenta un complejo proceso judicial y diplomático para resolver el inédito conflicto por la retención en Ghana de la fragata Libertad, considerada un símbolo nacional, por una demanda de un fondo de inversión, mientras sus vecinos y aliados regionales mantienen un llamativo silencio.

La fragata, retenida desde el pasado día 2 en el puerto ghanés de Tema, llevaba a bordo unos trescientos guardiamarinas, entre ellos una treintena procedentes de Sudáfrica y de siete países miembros de la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), que no se ha pronunciado oficialmente sobre el conflicto.

"Más allá de la diplomacia secreta, la reacción, por lo menos oficial y pública, de los países de la región no estuvo a la medida de una entidad como la Unasur, que debe defender los intereses de todos sus miembros. Ante una agresión de esta naturaleza, hubiera correspondido una condena por parte de Unasur", dijo hoy a Efe el analista internacional Horacio Calderón.

En el plano diplomático, Argentina ha recurrido al diálogo directo con Ghana, con una misión política que trató de negociar la liberación del buque luego de que un juez ghanés aceptara un pedido de embargo de la fragata solicitado por el fondo de inversión NML, que reclama ante tribunales de Nueva York el pago de bonos de deuda soberanos argentinos en mora desde 2001.

"Hay conversaciones bastante reservadas con el Gobierno de Ghana, pero no hay que olvidar que ese país celebrará elecciones en breve y tal vez el Ejecutivo no pueda presionar sobre la Justicia en este momento", apuntó Calderón.

El Gobierno argentino recurrió también a Naciones Unidas para pedir la colaboración del secretario general, Ban Ki-moon, quien se ofreció a "hablar con el Gobierno de Ghana e intercambiar opiniones sobre cómo resolver" el conflicto.

"La vía diplomática tiene que ir en paralelo con la judicial, en la que Argentina tiene todas las ventajas porque esto está contra el derecho internacional. De otro modo, se sentaría jurisprudencia de que un barco con bandera de guerra podría ser detenido o embargado por otras cuestiones, como las de orden político", advirtió Calderón.

En el plano jurídico, Argentina ha hecho responsable a Ghana por la detención de la fragata por considerar que es "ilegal", ya que los buques de guerra gozan de inmunidad consagrada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar (1982) y la Convención para la Unificación de Ciertas Normas Relativas a la Inmunidad de los Buques de propiedad del Estado (1926).

En el derecho internacional casi no hay antecedentes similares, salvo el denominado "caso Gronda", en el que la Justicia de Italia, a pedido de un particular, embargó un buque mercante argentino y un avión de Aerolíneas Argentinas en 1960.

En 2000, la fragata rusa Sedov fue retenida en el puerto francés de Brest por orden de un juez francés a partir de una demanda de una empresa suiza que reclamaba el pago de deudas al Estado ruso y que terminó pagando una multa tras un fallo adverso.

"No se puede retener ningún navío porque sí. Incluso los barcos privados solo pueden ser retenidos por causas excepcionales, como una deuda en puerto", dijo a Efe Bruno Tondini, experto en derecho internacional del Centro Argentino de Estudios Internacionales.

Tondini denunció que, además, a Argentina "le están cobrando la estadía en el puerto" de Tema, "algo que también está prohibido por la Convención del Derecho del Mar si no se le prestan servicios al navío".

"Hay una lucha entre la jurisdicción de la Justicia de Ghana, que ha otorgado la medida cautelar, y la jurisdicción de la Justicia de Nueva York, que debe determinar si los acreedores de la deuda argentina tienen razón o no. La Justicia de Ghana no puede pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y dependerá de lo que se resuelva en otro juicio", apuntó Tondini.

Para evitar el embargo, Argentina podría depositar en los tribunales de Ghana una garantía para asegurar a futuro un eventual resultado del juicio a favor del demandante en los tribunales de Nueva York, pero el Gobierno de Cristina Fernández descarta esa alternativa.

"Argentina elige en cambio el ámbito del derecho internacional público y lo debe hacer en un tribunal competente, que es el Tribunal de Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para resolver el tema de la fragata", señaló Tondini.