Las maniobras que efectuó Esperanza Aguirre a su llegada al Gobierno de Madrid en el año 2003 buscaban poder controlar a través de sus máximos colaboradores -especialmente Francisco Granados- las ingentes partidas que se dotaron desde el Gobierno regional a entes que se han convertido en piezas 'clave' de la trama. Solo en los órganos de Arpegio y Mintra, la Comunidad de Madrid inyectó cerca de 1.000 millones de euros para adjudicaciones de obra civil, campañas publicitarias y construcciones de parcelas amañadas antes de su licitación.
Así lo concluye el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en un auto recogido por La Información, que pone de manifiesto cómo los principales acusados de la red ejercieron un control absoluto en las licitaciones del Gobierno regional entre los años 2002 y 2007. El primero de los entes del que se sirvieron los acusados para adjudicar 'a dedo' los contratos fue Arpegio. Para ello, la expresidenta regional propició que dejara de depender de la Consejería de Medio Ambiente y pasara a Presidencia, a cuyo frente estuvo Granados entre 2004 y 2011.
El órgano de licitación asumió a su vez el control de los Fondos Prisma. Los mismos pasaron de recibir una dotación de 300 millones de euros para los ejercicios 2006-2007 a 700 millones para los siguientes años. De acuerdo con el auto del instructor, la Mesa de Contratación del organismo se convirtió en el "centro de decisiones amañadas"por adjudicaciones que en algunos casos alcanzaron los 22 millones de euros, como ocurrió respecto al consorcio de Los Molinos-Buenavista de Getafe. La venta de suelo para la construcción de viviendas en esta localidad madrileña se adjudicó a parcelas del constructor confeso David Marjaliza.
Según el relato que hace el magistrado en su auto sobre la pieza relativa a los hechos imputados exclusivamente a Granados, la Fundación Arpegio permitió "proyectar la dinámica delictiva" facilitando la gestión irregular del suelo público. Las conclusiones a las que llegan los investigadores del caso se sustentan principalmente en las revelaciones que hizo en sede judicial el propio Marjaliza, lo que ha permitido conocer que él mismo entregó "importantes cantidades de dinero en efectivo" a Granados. El encargado de recibir dichas cuantías era el que fuera jefe de gabinete de Presidencia, Ignacio Palacios.
Con todo, desde Arpegio también se financiaron otro tipo de contratos con empresas del espectáculo, como ocurrió con GPE, y con consultoras como Dusa. El mecanismo era el siguiente: la convocatoria de licitación se publicaba en el BOCAM y, tras ello, las empresas elegidas presentaban un presupuesto de licitación especialmente inflado a partir del cual repartían las comisiones irregulares pertinentes. En algunos casos, como ocurre con Dusa, los gestores de estas mercantiles tenían a su vez otras sociedades a través de las cuáles canalizaban el cobro de todas estas partidas en 'b' costeadas con fondos públicos.
Sobrecostes de hasta 50 millones
Otro de los entes que sirvieron a los acusados para controlar la salida de partidas a empresas amigas fue el de Madrid Infraestructuras del Transporte. Algunos de los contratos otorgados desde Mintra, dependiente de la Consejería de Transportes, fueron abultados con sobrecostes cercanos a los 50 millones de euros. Es el caso de la construcción de Metro Ligero a Boadilla del Monte. Aunque las obras se fijaron por un importe de 86,5 millones de euros, las modificaciones de estos contratos iniciales tenían por fin abultar la cifra final hasta en un 56 por ciento.
Otro de los contratos amañados fue el relativo a la construcción del tramo 1 del Metro Norte que recayó en la UTE conformada por una serie de empresas, entre ellas Obrum, vinculada a Marjaliza. El contrato se otorgó en octubre de 2004 por un total de 42,7 millones de euros y en el mismo participó el exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid. El avance de estas pesquisas llevó a la Fiscalía Anticorrupción a atribuirle junto con Granados el cobro de unas dádivas de seis millones de euros. La dinámica que emplearon en este caso fue muy similar a otros proceso: los acusados crearon una empresa intermediaria -Gravitum- para conseguir así que pudiera presentarse a la licitación del organismo que controlaba Jesús Trabada.
De hecho, los investigadores atribuyen a López Madrid, Granados y Trabada la creación en 2011 de otra sociedad pantalla, Bustren, que utilizaron para ocultar las mordidas. De cara a avanzar en esta octava pieza del caso Púnica, el instructor acordó la citación en calidad de testigo de Miriam López Madrid, hermana del empresario. Los investigadores sospechan que el empresario la utilizó a modo de testaferro al figurar como administradora de una de las sociedades implicadas en la red. Ella, por su parte, negó cualquier relación con esta adjudicación ilícita y se remitió a la confianza que tiene depositada en su hermano.
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