Familiares de víctimas de este atentado que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994 dijeron que este juicio puede marcar un precedente contra la impunidad, pero algunos acusados calificaron el proceso como "una escenografía" que no servirá de nada.
Se escucharon silbidos tras el anuncio en el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires de la ausencia del expresidente de 85 años (1989-99), por problemas de salud señalados por su abogado Omar Daer.
"Es una vergüenza, quiso evitar las fotos", dijo a la AFP Diana Malamud, cuyo marido trabajaba en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y murió en el atentado y que ha sido un referente de la Asociación Civil Memoria Activa.
Sergio Burstein, de la agrupación de familiares 18J, agregó: "Nosotros padecimos el ocultamiento, el engaño. Se nos rieron en la cara. Nos negaron saber la verdad. Lo único que esperamos del juicio es torcer el brazo a la impunidad".
La defensa de Menem pidió en el tribunal presidido por el juez Jorge Gorini, que siga el juicio por videoconferencia, decisión que quedó pendiente al considerar "ilegible" el informe médico.
Otro de los acusados ausentes fue el extitular de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy, hospitalizado por una infección.
Los fiscales Roberto Salum y Sabrina Namer forman parte del equipo de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA que reemplazó a Alberto Nisman, hallado muerto en enero pasado.
Este juicio no es contra acusados del atentado en sí, sino sobre los inculpados de haber ocultado pruebas y desviado la investigación.
Las familias de las víctimas reclaman justicia desde el 18 de julio de 1994, cuando se cometió el atentado en Buenos Aires.
La justicia argentina acusa a exaltos funcionarios de Irán de haber organizado el ataque contra la AMIA, y de haber encargado al grupo armado libanés Hezbolá de perpetrar el ataque, algo que Teherán niega.
Junto al ahora senador Menem, también están inculpados el destituido juez Juan José Galeano, que estuvo a cargo de la instrucción, Anzorreguy y un exdirigente de la comunidad judía, Ruben Beraja, quien era presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en los 90.
"Estos contecimientos tienen mucho de escenografía, me parece bien que se investigue aunque es un absurdo que me imputen a mí", dijo a la AFP Beraja en un receso del juicio al mediodía.
El acusado cree que este juicio no ayudará a esclarecer el atentado en sí.
Entre otros delitos se les imputa violación de medios de prueba, falsedad ideológica, encubrimiento, abuso de autoridad y peculado.
Este es el segundo juicio por la causa AMIA luego de una anulación en 2004 tras la absolución de todos los acusados argentinos de proveer el apoyo logístico.
Entre ellos Carlos Telleldín, un vendedor de autos robados acusado de haber proporcionado la camioneta bomba que voló el edificio y que habría recibido 400.000 dólares para inculpar falsamente a una decena de policías.
El exjuez Galeano está acusado del pago a Telleldín, acción que justificó afirmando que era imprescindible para esclarecer el atentado.
También están acusados dos excomisarios por haber perdido cientos de horas de escuchas telefónicas y dos exfiscales.
Menem está acusado de haber ordenado al juez que abandonara la llamada 'pista siria', que involucraba a un ciudadano de ese origen y cuyas familias estaban vinculadas.
Esta hipótesis supone una supuesta venganza del entonces presidente de Siria Hafez El-Assad, a quien Menem rehusó proveerle material militar bajo presión de Estados Unidos, pese a sus promesas preelectorales, a cambio de fondos para su campaña.
Además de las pistas iraní y siria, otra línea nunca investigada apuntó a un grupo argentino de extrema derecha.
Tres asociaciones de familiares de las víctimas, enfrentadas a la dirigencia judía, y los policías falsamente acusados, son querellantes (parte civil) en el juicio.
Está previsto que unos 140 testigos desfilen durante este proceso.
La AMIA expresó su confianza en que el juicio "constituya una oportunidad histórica para avanzar hacia la verdad" y se pueda poner fin a un camino de oscuridad e incertidumbre.
En enero pasado otro drama se sumó a este caso, el fiscal Nisman, a cargo de la causa desde 2004, fue hallado muerto en su departamento, en un hecho aún no esclarecido.
Nisman había acusado a la presidenta Cristina Kirchner de tratar de encubrir a los iraníes acusados por el atentado, al firmar en 2013 un memorándum entre Buenos Aires y Teherán para poder interrogar a los inculpados en Irán.
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