La fiscalía acusa a Dirceu de haber recibido y canalizado al menos 39 millones de reales (11,7 millones de dólares) en dinero ilegal vinculado a la estatal Petrobras a través de una firma de su propiedad, JD Asesoría, y asegura que no hay pruebas de que esta empresa haya prestado los servicios por los que fue remunerada.
"Creo que llegamos a uno de los líderes principales que crearon el esquema Petrobras, que durante el período que fue ministro de la Casa Civil, permitió, aceptó, que ese esquema existiese. Y en mi opinión, se benefició de ese esquema también", dijo el procurador Carlos Fernando dos Santos Lima en una rueda de prensa en Curitiba, capital del estado sureño de Paraná.
Además del arresto de Dirceu, unos 200 efectivos en Brasilia, Sao Paulo y Rio de Janeiro cumplieron otras siete órdenes de detención preventiva y temporal y seis de conducción coercitiva a pedido del juez que tramita la causa de la esfera privada del escándalo apodado "Petrolao", por los delitos de corrupción activa y pasiva, formación de organización criminal y lavado de dinero.
"Dirceu recibió valores de diversas formas, algunas hasta con prestación de servicios en inmuebles de su propiedad. Esos valores sabemos que eran oriundos de sobornos relativos a Petrobras", afirmó Lima, que cree que Dirceu participaba en este esquema desde cuando era jefe de gabinete, entre 2003 y 2005.
Dirceu cumple actualmente una condena domiciliaria impuesta por la Corte Suprema por una causa anterior conocida como "mensalao", mediante el cual el gobernante Partido de los Trabajadores (izquierda) pagó sobornos a legisladores aliados a cambio de apoyo político.
Según las autoridades, Dirceu continuó recibiendo pagos ilegales vinculados a Petrobras mientras estaba detenido por el "mensalao", sentenciado a siete años y once meses de arresto.
Sus abogados --que trataron sin éxito de impedir en el Supremo la prisión preventiva en Curitiba argumentando que no hay peligro de fuga, ni de obstrucción de la justicia-- negaron cualquier vínculo del exministro con la trama de corrupción y aseguraron que la detención "politiza una cuestión jurídica y de forma injusta".
"Dirceu es un chivo expiatorio del proceso", lanzó en una rueda de prensa el abogado Roberto Podval, que antes refutó en una nota los números presentados por la fiscalía: los 39 millones representan los ingresos de contratos con 60 clientes en ocho años.
"No hay como razonablemente imaginar que los pagos de multinacionales de diversos sectores tendrían relación con la supuesta red criminal en Petrobras", explicó.
El presunto involucramiento en el escándalo de Dirceu, una figura central del PT y del gobierno durante el primer mandato de Lula (2003-2010), golpea directamente a la fuerza a la que pertenece la presidenta Dilma Rousseff, que ya tiene a su extesorero Joao Vaccari Neto en prisión por este caso.
Pero el PT rechazó también los cargos y reiteró que todas las donaciones recibidas "ocurrieron estrictamente dentro de la legalidad", según una nota de su presidente Rui Falcao.
Dirceu fue vinculado a la dirección de Servicios de Petrobras que comandaba Renato Duque, también arrestado y supuestamente nombrado a instancias del PT.
El "Petrolao" está cobrando un peaje muy elevado a Rousseff, cuya popularidad cayó al 7,7%, según una encuesta reciente que mostró que más del 60% quiere que sea sometida a un juicio de destitución. Rousseff dijo que desconocía la existencia de la confabulación y se ha mostrado visiblemente irritada por el tema.
La mandataria deberá enfrentar el 16 de agosto una nueva protesta callejera en su contra, después de ya haber sufrido dos este año que congregaron en total a cerca de tres millones de personas.
Consultado si el expresidente Lula (2003-2010) puede ser investigado, el fiscal Lima dijo a periodistas que "ninguna personas está al abrigo de ser investigada". "Hay investigaciones en curso, gran parte en secreto", añadió.
La "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) sacó a luz un sofisticado esquema de sobornos por el cual durante al menos 10 años las principales constructoras del país pasaron dinero a directivos de Petrobras -designados por políticos- para poder manipular las licitaciones. Los fondos obtenidos luego eran desviados a cuentas personales y a varios de los principales partidos políticos del país.
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