Mas, cuya reelección está en el aire a pesar de la victoria de su coalición en las elecciones regionales del 27 de septiembre, declarará ante el Tribunal Superior de Justicia de la región a las 10H00 (08H00 GMT) en Barcelona, en el marco de una querella calificada como "un juicio político" por su ejecutivo.
Antes, a las 08H30, el dirigente independentista participará en un homenaje a Lluís Companys, presidente del gobierno regional catalán fusilado a principios de la dictadura de Francisco Franco en el castillo militar de Montjuic en Barcelona hace justo 75 años.
La coincidencia entre la citación de Mas y el fusilamiento de este héroe del nacionalismo catalán, que en 1934 llegó a declarar un efímero Estado catalán, fue muy criticada entre el independentismo, cuyos militantes se manifestarán frente al tribunal en apoyo de Artur Mas.
Ya lo hicieron el martes durante las declaraciones de la exvicepresidenta regional Joana Ortega y la responsable de Educación Irene Rigau, también investigadas, despertando el férreo rechazo del poder judicial que lo consideró "un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial".
Los tres fueron objeto de una querella de la fiscalía por delitos de desobediencia, malversación, usurpación de funciones y prevaricación en la organización el 9 de noviembre de 2014 una consulta simbólica sobre la independencia de esta rica región de 7,5 millones de habitantes.
Aquella consulta, sin valor legal, pretendió reemplazar al referéndum férreamente rechazado por el gobierno conservador español de Mariano Rajoy. Había sido prohibida por el Tribunal Constitucional, por considerar que la Carta Magna impide organizar consultas regionales sobre temas que conciernen al conjunto del país.
El Constitucional, cuyo magistrados son elegidos por el poder político, está compuesto mayoritariamente por conservadores, que los independentistas sospechan cercanos al ejecutivo de Rajoy.
Unos 2,3 millones de personas habían participado en la consulta y un 80% apoyó la independencia.
Estas comparecencias se producen mientras la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), impulsada por Mas y vencedora de las elecciones del 27 de septiembre, negocia con la ultraizquierdista CUP para formar un gobierno regional de corte separatista.
Juntos suman 72 de los 135 escaños del parlamento regional (62 y 10 respectivamente) y aunque no obtuvieron la mayoría de los sufragios (47,8%) se consideran legitimados para lanzar un proceso para declarar la independencia en 2017 como muy tarde.
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