El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas no ve motivo para que le atribuyan responsabilidad contable de la actividad exterior independentista. Dejó el Govern catalán en enero de 2016, algo más de un año y medio antes de que su sucesor Carles Puigdemont -huido en Bélgica- celebrara el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, cuyos gastos el Tribunal de Cuentas ya cifró en 4,1 millones de euros, y que previsiblemente incrementará el próximo 29 de junio cuando dé a conocer la cantidad que estima que se desvió para la actividad del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, y las denominadas 'embajadas catalanas'.
Mas, condenado por el Tribunal Supremo por la consulta soberanista del 9-N, así como por el Tribunal de Cuentas a pagar casi 5 millones de euros junto a otros exdirigentes de la Generalitat, se encuentra ahora frente a otro proceso contable por los gastos del proceso independentista en Cataluña, a los que presuntamente tendrá que responder junto a una treintena de personas que ocupaban altos cargos de la administración catalana, entre ellos Puigdemont, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, o el que fuera su consejero de Presidencia, Francesc Homs.
En un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso La Información, el expresidente catalán rechaza que le responsabilicen de los gastos de la acción exterior de la Generalitat por el simple hecho de haber sido su presidente entre 2010 y 2016. "La relevancia del cargo que se ocupa en una administración o entidad pública no puede genera por sí sola responsabilidad contable (...). No es el puesto que se ocupa lo que determina la obligación de reintegrar sino la manera en que se desarrollan las funciones inherentes al mismo", recalca.
Su defensa recuerda que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas señala que son enjuiciables quienes "recauden, intervengan, administren, custodien o utilicen bienes, caudales o efectos públicos", pero, se apoya en una sentencia del propio órgano fiscalizador para subrayar que no se puede atribuir la responsabilidad contable "de manera indiscriminada a cualquiera que, ostente un cargo en el seno de la organización examinada, sino que deberá acreditarse su relación con los expedientes, encargos y gastos concretos examinados y, en particular, su participación en el proceso de toma de decisiones que culminaron en el hecho de contenido económico examinado".
Actividades que se desarrollan después de su mandato
El escrito destaca que gran parte de las partidas provisionalmente atribuidas a Mas se desarrollan fuera del periodo de su mandato, pues "la inmensa mayoría de las actividades supuestamente relacionadas con el proceso de autodeterminación o el derecho a decidir" se producen tanto los años 2016 y 2017. De este modo, se desvincula, entre otros, de muchos de los gastos relacionados con "751 actividades" que desarrolló el Diplocat "entre 2013 y 2017" con "la finalidad de promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista".
Así, para justificar su escasa participación, recalca que de las 25 actividades que se llevaron a cabo en materia de "acción y sensibilización internacional" del 'procés', sólo "nueve se realizaron cuando el presidente Mas ejercía su cargo". Hace hincapié asimismo en que no participó personalmente en ninguno de los viajes que se realizaron con este motivo. Y lo mismo defiende con respecto a las 72 actividades desarrolladas dentro del ámbito académico durante el periodo analizado (2011-2017), de las cuales, según indica, "únicamente 46 de ellas" tuvieron lugar durante su etapa como 'president'.
Tampoco cree que se puedan incluir a su presunta responsabilidad contable proyectos de 2016 y 2017, como la "campaña para el 1-0" o "la presentación del Estudio sobre el impacto económico de la independencia en las federaciones deportivas catalanas”; actividades relacionadas con los debates europeos y globales en Cataluña, de las cuales solo una coincide con el periodo temporal de la gobierno de Mas; o las 23 visitas internacionales en esos años, de las que sólo ve posible hacerse cargo de una decena de ellas.
A lo largo de su escrito de 75 páginas, Mas se queja de indefensión, ya que no se le ha dado traslado de las actuaciones y de una "ingente" documentación hasta que se le ha citado como "presunto responsable" para la práctica de la liquidación provisional el próximo 29 de junio, cuando se conocerá el importe de la fianza a la que tendrá que hacer frente para responder a una previsible condena por los gastos del Diplocat y sus 'embajadas'.
Sale en defensa del Diplocat
Asimismo, subraya que el hecho de que las comunidades autónomas tengan delegaciones en el extranjero para la defensa de sus intereses "tiene plena cobertura legal" y que la actividad del Diplocat -que "tiene personalidad jurídica propia y diferenciada de la Generalitat de Cataluña; cuenta con estructura y personal propios y sus actividades y procesos internos de autorización de actividades y gestión económica financiera son diferenciado de los de la Generalitat"- ha sido avalada "en diversas ocasiones" por el Tribunal Constitucional.
Por ello, rechaza que todas sus acciones estén "encaminadas a objetivos ilegales y que, por lo tanto, las actuaciones desarrolladas son, por principio, irregulares, salvo en contados casos". Es más, critica que de "un plumazo" se cuestione "la procedencia" del un desplazamiento y" la legitimidad del gasto, por el hecho de que, con carácter absolutamente menor respecto del objetivo principal y legítimo del viaje, su duración y las múltiples actividades desarrolladas, se hayan mantenido conversaciones con representantes políticos, ni mucho menos, por haber formulado declaraciones a los medios de comunicación".
"Refutar la legitimidad del gasto generado, por el único motivo de que el señor Mas hiciera unas manifestaciones de contenido político a los medios de comunicación y, aún más, entender que ello genera responsabilidad contable, carece de todo sentido y fundamento", concluye la defensa del expresidente catalán.
Voto particular contra el informe de fiscalización
Para incidir en este argumento, el escrito recuerda que una de las consejeras del Tribunal de Cuentas, María Dolores Genaro Moya, emitió un voto particular al informe de fiscalización de marzo de 2019, que abrió la puerta a investigar la presunta responsabilidad contable de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, para expresar que, aun estando de acuerdo en que hubo un desvío de fondos para sufragar estas actividades, no se ha podido acreditar suficientemente la irregularidad de algunas de las partidas.
La consejera -del sector progresista- señala que no se puede conferir carácter irregular a un viaje o actividad "por las declaraciones efectuadas a la prensa al acto", ya que ello "no desvirtúa el carácter oficial del mismo y su inclusión dentro de las competencias autonómicas". Además, señala que el informe recoge, al menos, 52 actividades que, si bien guardan relación con el ámbito del proceso de independencia, "constituyen meras declaraciones políticas o ideológicas y expresión de opiniones, sin ningún tipo de trascendencia económica o contable", que, por tanto, deberían quedar fuera del ejercicio fiscalizador del Tribunal de Cuentas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios