La Asamblea 'salva' a Cifuentes en Púnica y respalda el contrato a Arturo Fernández

Los nueve testigos que citó el magistrado del caso Púnica, Manuel García Castellón, para que aclararan los pormenores de la contratación de las empresas de Arturo Fernández por parte de la Asamblea de Madrid han respaldado en bloque a Cristina Cifuentes. Todos ellos sin excepción han descartado en la Audiencia Nacional haber recibido presiones o irregularidades por parte de la expresidenta de la Comunidad de Madrid para adjudicar los contratos de la cafetería en los años 2009 y 2011. El último en desfilar ante el magistrado ha sido Agustín Zubiri, miembro del comité de expertos y responsable del informe que proponía contratar con el expresidente de CEIM. 

Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que Zubiri indicó en su declaración del pasado martes que fue él quien se encargó que redactar el escrito relativo a la legalidad de los pliegos de la licitación para el Grupo Cantoblanco. El experto se pronunció en la misma línea que en su declaración en la Guardia Civil y dijo que le incluyeron en el comité de expertos que iba a valorar los criterios de adjudicación pese a admitir que no tenía conocimientos en este ámbito. De hecho, así lo explica el magistrado instructor en el auto por el cual acordó la imputación de Cifuentes al asegurar que formó parte de este comité en 2009 y 2011 pese a no disponer experiencia en la valoración de los criterios en un servicio de restauración. 

Misma conclusión sacó el instructor de María Merino, jefa del protocolo del Gabinete de Presidencia e integrante también del comité de expertos. Al respecto, Zubiri explicó en la Audiencia Nacional que Merino le dijo que había que modificar las puntuaciones y que él cumplió órdenes aunque ha rechazado en todo momento haber recibido presiones por parte de Cifuentes para realizar un informe favorable al empresario madrileño, el cual figura como uno de los presuntos donantes de la caja 'b' del PP regional. Los investigadores del caso Púnica atribuyen al expresidente de la patronal madrileña dos aportaciones en el año 2007 de 160.000 euros cada una.  

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De este modo, Zubiri se suma a las declaraciones prestadas el pasado mes de enero cuando declararon los otro ocho funcionarios propuestos por la defensa de Cifuentes. Entonces, y según las fuentes consultadas, todos ellos aseguraron que se actuó conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. Los expertos, integrantes de la Mesa de Contratación de la Asamblea, explicaron que los servicios jurídicos valoraron todas las propuestas y que aplicaron la normativa para las concesiones en las que los criterios subjetivos tienen un peso más importante en puntos, como ocurría en este caso. 

Los investigadores del caso Púnica pusieron el foco en estas adjudicaciones al grupo del exnúmero dos de la CEOE hace muchos meses, sin embargo, la imputación formal de Cifuentes se produjo en septiembre al considerar el instructor que cometió irregularidades con esta licitación al integrar el comité de expertos que valoraba la legalidad de los pliegos y, a la par, ser la presidenta de la Mesa de Contratación que tenía que dar luz verde al informe. Sobre la puntuación obtenida, la Fiscalía Anticorrupción expuso que se hizo prevalecer los criterios subjetivos en aras a poder otorgar la licitación a Fernández y que esta forma de evaluar conllevó la creación de un comité de expertos que valorara expresamente de manera positiva estos baremos menos matemáticos.

Los investigadores aseguran que dicho informe estaba "cargado de irregularidades" y lo atribuyen a la también investigada Tatiana Recoder, la cual emitió su valoración el 24 de marzo de 2009. En lo que respecta a Cifuentes determinan que en el año 2007 (cuando se habrían realizado los presuntos pagos en 'b' por parte de Fernández) Cifuentes era patrona de Fundescam a la par que integró el comité regional de campaña del PP madrileño en las elecciones de ese año. Con todo, la exmandataria popular expuso en su interrogatorio del pasado mes de octubre que las licitaciones de la cafetería de la Asamblea de esos dos ejercicios se hicieron siguiendo valoraciones estrictamente técnicos. 

De hecho también aseguró que los principales criterios que tuvieron en cuenta para la licitación no eran económicos sino otros como la calidad, la organización o el servicio. Mismo argumento que el mantenido por los testigos que ella propuso en el caso Púnica y, entre los que se encuentran Mónica Martín de Hijas (directora de la gestión administrativa de la Asamblea); José Prada Martín (jefe del servicio de contratación) y el socialista Francisco Cabaco (exvicepresidente segundo de la cámara regional). Con todo, la versión prestada por todos los expertos de la Mesa de Contratación podría allanar y mucho el horizonte judicial de la expresidenta madrileña, la cual, a su imputación en el caso Púnica, suma el juicio que acoge la Audiencia Provincial de Madrid por el caso Máster el próximo mes de mayo.