El exjefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, tiene dudas sobre la situación procesal del testigo 'clave' en la investigación sobre la eléctrica y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El exdirectivo ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que aclare si el archivo de la causa que acordó con respecto a José Antonio del Olmo, el pasado 26 de julio, es relativo solo a la falsedad documental del que le acusó la compañía por la elaboración de un documento que puso contra las cuerdas al presidente de la multinacional vasca, Ignacio Sánchez Galán, o también alcanza al delito de cohecho, imputado a finales de 2020.
La representación de Asenjo -que recientemente ha conseguido que el Estado sea llamado como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos cometidos por Villarejo- ha presentado un breve escrito, al que ha tenido acceso La Información, en el que insta al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a realizar dicha precisión, al entender que no se ha motivado correctamente el sobreseimiento de la investigación con respecto al que fuera director de Control Corporativo de Iberdrola, y "validador de la totalidad de las facturas cuestionadas en las presentes actuaciones". El abogado del exjefe de Seguridad, Manuel Ollé, realiza tal solicitud para estudiar si los hechos que justifican el archivo son extensibles a su cliente.
"La resolución no especifica si el sobreseimiento se extiende a los hechos subsumibles en el tipo de cohecho, ni desarrolla el sustento jurídico que, en su caso, soportaría ese descarte de responsabilidad criminal para el señor Del Olmo. Extremos de notable importancia para el resto de los actores procesales de esta pieza (la número 17 de la macrocausa 'Tándem'), ante una eventual transferencia jurídica a los mismos de esos razonamientos", indica el escrito presentado este 1 de agosto de 2022.
El juez Manuel García Castellón acordó el archivo del procedimiento para Del Olmo por la prescripción de la querella por falsedad que presentó Iberdrola en los juzgados de Bilbao y que se remitió a la Audiencia Nacional en 2020. Unos hechos que no han centrado parte de las pesquisas pese a las reiteradas exigencias de la compañía eléctrica. Según explicó el magistrado en su resolución, las actuaciones denunciadas dejan de tener efecto penal a los cinco años. En este sentido, tampoco aceptó la ampliación de la querella por los delitos de revelación de secretos y revelación de datos reservados de persona jurídica.
De testigo a imputado
No obstante, esta no era la única imputación que ha pesado contra el ex 'controller' de la firma vasca, pues desde diciembre de 2020 tuvo que declarar como investigado por cohecho, principal delito que sustenta la macrocausa sobre los 'negocios' privados del comisario Villarejo y que se le atribuye presuntamente por su responsabilidad en la revisión de las facturas que podrían haber formado parte de una trama de triangulación de pagos para ocultar los servicios prestados por el agente encubierto. Del Olmo había comparecido previamente ante el juez como testigo tras aportar, a finales de 2019, un informe que ha resultado ser clave para el avance de la causa. Se trata de un documento elaborado en 2004, y registrado ante notario, en el que se apunta hacia el presidente de Iberdrola y su entonces cúpula directiva como conocedores de ciertas irregularidades relacionadas con la contratación de Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto.
A partir de entonces comenzó una intensa batalla legal entre el primer grupo eléctrico a nivel nacional y su exdirectivo. El equipo jurídico de Iberdrola interpuso varias querellas y demandas en los juzgados de Madrid y Bilbao para contrarrestar los efectos del documento elaborado por Del Olmo, el cual no se encuentra registrado internamente en Iberdrola, según subrayan fuentes cercanas a la empresa. Así, para evitar el "acoso" y posibles "represalias", el exjefe de Control Corporativo solicitó al juez de la Audiencia Nacional que aplicara sobre él las medidas contempladas en la directiva europea sobre la protección de denunciantes, conocida como 'directiva whistleblower'.
El magistrado García Castellón consideró que no era necesario otorgar ningún tipo de protección al entender que no se daban las "condiciones" necesarias para reconocerle tal derecho, si bien también dejó claro que cabe reconocerle una cierta "inmunidad frente a la responsabilidad civil, penal, administrativa o laboral" al haber fundado su 'denuncia' en documentos que demuestren irregularidades, tal y como se prevé en los considerandos de la normativa europea. Es por ello, que revisó la querella de Iberdrola y concretó que los hechos estaban prescritos. Según explicó el juez, el "apoderamiento" de información secreta del que acusa la empresa del Ibex 35 "se debería haber producido antes de la redacción del informe del 1 de diciembre de 2004". Asimismo, subrayó que para poder castigar la actuación de Del Olmo, éste debía tener la intención de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otra persona, en este caso, una persona jurídica como es Iberdrola.
Medida de "autoprotección"
En este sentido, el juez descartó cualquier intento de perjudicar a la empresa pues, según indicó en su resolución, la documentación que Del Olmo depositó ante notario se enmarca en una "estrategia de 'autoprotección'". Así, destacó que todos los archivos 'protegidos' no "integrarían el concepto de secreto de empresa", al contrario de lo que habría determinado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao que, en octubre de 2021, le condenó por violación de secretos empresariales al sustraer documentos "confidenciales" relativos a facturas que documentaban pagos de la eléctrica a proveedores de seguridad y miembros de la administración.
Cabe recordar que este archivo sirvió de base para imputar en el 'caso Villarejo' a Sánchez Galán junto al antiguo presidente de Iberdrola España Fernando Becker, el exjefe de Gabinete de Presidencia de Iberdrola Rafael Orbegozo, y el exdirector general de negocios de la compañía Francisco Martínez Córcoles. Finalmente, los altos cargos fueron exonerados al no haber indicios que demuestren su presunta participación en los hechos, salvo el presidente, quien ha estado imputado todo un año, hasta el pasado mes de junio. El magistrado tuvo que asumir el archivo de la causa para el máximo responsable de la eléctrica, después de que la Sala de lo Penal aclarara que los presuntos delitos que se atribuyó a la cúpula directiva están prescritos. No obstante, esta decisión aún no es definitiva, ya que Anticorrupción la ha recurrido ante la misma Sala.
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