El caso Púnica continúa avanzando en la Audiencia Nacional. El magistrado al frente de la investigación, Manuel García Castellón, ha llamado a declarar en calidad de testigos a tres responsables de comunicación durante el gobierno madrileño de Esperanza Aguirre para aclarar de donde salieron las órdenes de cerrar los contratos de publicidad con empresas de la trama. Entre ellos se encuentra Ana Balseiro, quien, pese a haber trabajado bajo las órdenes del gobierno popular madrileño, en la actualidad está al frente de la Unidad de Coordinación de la Secretaría de Estado de Comunicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Según explican fuentes jurídicas a La Información, el instructor ha señalado el próximo jueves 12 de diciembre para tomar declaración a Ana Balseiro, Gustavo Villanueva y José Luis Blanco. Lo hace a petición de la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, la cual en un escrito remitido al juzgado y al que ha tenido acceso este diario explica que, en contra de lo que dijo en sede judicial el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, las órdenes de contratación no salían desde el Departamento General de Medios sino que su consejería fue independiente para gestionar sus propios acuerdos en este ramo.
En lo que respecta a Balseiro, trabajó durante 11 años bajo las órdenes de Aguirre, primero como directora de comunicación de la Consejería de Sanidad y, posteriormente, como responsable de relaciones externas en Transportes. Los otros dos citados son José Luis Blanco Carmona (exasesor de comunicación del gobierno madrileño entre los años 2003 y 2015) y Gustavo Villanueva Rodríguez, quien se incorporó el pasado mes de agosto al Grupo Municipal del PP en calidad de asesor. Gallego pretende que los tres testigos de aquellos hechos aclaren cuál fue el papel de la Dirección General de Medios de Comunicación en la trama con la que el PP madrileño de aquel entonces financió presuntamente con dinero negro las campañas electorales de 2003, 2007 y las generales de 2008.
El control de Balseiro
La defensa de la que fuera directora de comunicación de la Comunidad de Madrid explica en el escrito que "no es cierto" que a partir del año 2003 Sanidad se quedara sin competencias de comunicación, tal y como manifestó Lamela en su declaración como investigado el pasado mes de octubre. Al respecto, Gallego intenta arrojar luz sobre una de las principales incógnitas de esta pieza novena del procedimiento afirmando que el Plan de Comunicación de Infraestructuras Sanitarias se elabora en la Consejería de Sanidad y que así se lo presentó en su despacho un día la propia Balseiro.
Explica Gallego que este documento establecía el calendario aproximado de inauguraciones de hospitales, especialidades que atenderían, poblaciones de la Comunidad a las que se iban a dar cobertura... y que se trataba de actos en los que tenía interés de participar Esperanza Aguirre, lo que hacía que al diálogo entre Balseiro y Gallego se sumara un nuevo actor; el exviceconsejero de Presidencia y una de las figuras clave de la trama Púnica por su cercanía a Aguirre: Alberto López Viejo. Con todo, la relación entre las dos asesoras acabó por deteriorarse porque, siempre según la versión de Gallego, desde la Consejería de Sanidad se comenzó a filtrar información a un solo medio sin el consentimiento ni conocimiento de la DGM, lo que provocó que acabara pidiendo la destitución de Balseiro.
"Alberto Lopez Viejo hacía una reunión semanal en la que participaba, al menos, la directora general de Relaciones Externas; representantes del gabinete de la presidenta y Gustavo Villanueva por parte de la Dirección General de Medios. La DGM únicamente decidía la parte donde tenían que estar situados los periodistas, el tiro de cámara y cuestiones organizativas relacionadas con los medios de comunicación. Era López Viejo quien elegía la empresa que realizaba el acto al gusto de la consejería de Sanidad o de la que fuese", reza la defensa letrada de Gallego.
Adjudicación de los contratos
El magistrado García Castellón investiga a un total de 71 personas en esta novena pieza del caso Púnica relativa a la presunta caja 'b' del PP madrileño. Según expuso en su auto del pasado mes de septiembre por el cual imputaba a cerca de una treintena de ellas, existen en la actualidad indicios racionales que determinan la existencia de una reunión en la sede de la Presidencia en 2004 que presidió Aguirre y en la que participaron su sucesor al frente del Gobierno madrileño Ignacio González; Francisco Granados y otros actores, entre ellos la entonces directora de la Dirección General de Medios Isabel Gallego.
En dicho encuentro, que algunos acusados negaron en sede judicial, se habrían dado las instrucciones a todos los consejeros del entonces gobierno para que contrataran todo lo relativo a publicidad y comunicación con uno de los empresarios más ligados a la trama: Daniel Horacio Mercado. Para ello, el equipo de gobierno centralizó "al más alto nivel" el control de las partidas de publicidad y que contó con la supervisión directa de la propia Aguirre, según alega la Fiscalía Anticorrupción. De este modo, los principales acusados decidieron que la Dirección General de Medios pasara a depender de la vicepresidencia del gobierno.
Desvío de fondos públicos
Es por ello que la Dirección General de Medios DGM se convirtió, según las fiscales que dirigen el caso desde el año 2014, en un "artilugio" convenido por el ejecutivo madrileño para el presunto desvío de fondos, junto con otros entes públicos como la Agencia de Informática y Comunicación o el Canal de Isabel II. Los investigadores consideran que tanto Gallego como el que fuera consejero de Presidencia Salvador Vitoria adjudicaron en 2012 desde la DGM a la mercantil EICO un contrato que simularía como prestación "servicios de clipping y posicionamiento".
No obstante dicho contrato buscaba costear de manera encubierta parte de la deuda que el Gobierno madrileño había adquirido con el propietario de esta mercantil, el empresario Alejandro de Pedro, por los trabajos de mejora reputacional que hizo a Ignacio González, Salvador Victoria, la propia Aguirre y el exconsejero Borja Sarasola. Todos ellos han prestado declaración ya ante los investigadores de este procedimiento, el cual afronta la semana que viene la citación de los testigos Ana Balseiro, Gustavo Villanueva y José Luis Blanco de cara a poner negro sobre blanco sobre el conocimiento que pudieran tener del papel que tuvo la DGM en esta presunta trama de corrupción.
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