Así declarará Bolaños por Pegasus: con control del juez y plazo para contestar

La declaración como testigo de Félix Bolaños será un tanto 'excepcional'. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga la infección de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de alguno de sus ministros con el programa informático Pegasus, no ha tenido más remedio que aceptar que el ministro de Presidencia conteste a todas las preguntas por escrito. Un 'privilegio' que permitirá resolver las dudas del magistrado instructor, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado sin la presión que puede suponer comparecer en sede judicial y pudiendo meditar las respuestas.

En un principio, la declaración estaba prevista para este martes, 5 de julio, si bien el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha retrasado unos días más el interrogatorio a la espera de que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso y los servicios jurídicos del Estado, que presentó la denuncia por el presunto espionaje con el 'spyware' de origen israelí, les remita sus preguntas. El instructor les ha dado un plazo de tres días y será después de revisar cada una de las cuestiones y realizar una criba cuando se envíe a Bolaños el formulario que deberá contestar. 

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Para evitar el desplazamiento hasta la sede de la Audiencia Nacional, Bolaños alegó que la fecha del interrogatorio coincidía con la celebración del Consejo de Ministros. Así, se acogió a lo dispuesto en el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que señala que el presidente y los demás miembros del Gobierno "están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo". El juez Calama aceptó esta modalidad de declaración, pero sugirió poder realizarla mediante videoconferencia, en una fecha que no alterara la agenda del ministro, con el objetivo de mantener la "interacción visual, auditiva, y verbal" habitual de las declaraciones, que permite poder interrumpir o repreguntar si fuera necesario.

Debido a que el ministro ni siquiera ha contestado a esta oferta, el juez de la Audiencia Nacional se ha visto obligado a recibir por escrito las respuestas del que fuera secretario general de Presidencia en el momento que se produjo el 'hackeo' de los móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) entre mayo y junio de 2021, así como un intento fallido en el dispositivo de Luis Planas (Agricultura). Fuentes jurídicas han indicado que el magistrado dará a Bolaños un plazo determinado de días para que cumplimente el trámite, si bien señalan que la ley no marca bajo cómo debe realizarse esta declaración. Eso significa que podría contestar a las preguntas formuladas apoyándose en documentos técnicos o con la ayuda de sus asesores.

Posibles condiciones

En este sentido, las fuentes consultadas apuntan que muchos jueces establecen sus propias condiciones para garantizar que la práctica de la comparecencia sea lo más parecido a la de cualquier otro testigo, como puede ser la presencia de un letrado de la Administración de Justicia -antes denominados secretarios judiciales-, o en una determinada estancia, como puede ser su despacho oficial, en la que no haya nadie más a su alrededor que pueda influir en sus respuestas. Así ocurrió por ejemplo con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, en 2013, cuando declaró como testigo durante la instrucción del caso 'Gürtel'. 

Por el momento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, no ha tomado ninguna decisión al respecto, ni tampoco ha preguntado a las partes personadas su opinión sobre si es necesario activar algún 'control' sobre la redacción de las respuestas. Las mismas fuentes jurídicas subrayan que no creen que las preguntas que se formulen puedan resultar muy comprometedoras, pues la causa se inició a raíz de una denuncia interpuesta por la representación del Gobierno, que ejerce la Abogacía del Estado, después de que el Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), detectara, primero, intrusiones a través de Pegasus en los teléfonos móviles de Sánchez y Robles, y, posteriormente, en el de Grande-Marlaska.

Secretos de la "Defensa Nacional"

Ello no quita que pueda haber alguna pregunta de cierta delicadeza, ya que, según ha subrayado el juez, la "exfiltración" de archivos del dispositivo de Margarita Robles podría estar relacionado con un delito de revelación de secretos relativos a la "Defensa Nacional". Así lo ha expuesto el magistrado Calama en un auto fechado este jueves, en el que confirma la posibilidad de que la asociación de juristas Prolege se persone como acusación popular si consigue abonar 10.000 euros de fianza. De hecho, fue precisamente por motivos como éste, 'proteger' la información que se recabe durante la investigación, por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó que la causa se realizara bajo secreto de sumario. El magistrado instructor acordó el secreto tan solo durante un mes.

Así las cosas, previsiblemente las preguntas estén relacionadas con los detalles que Bolaños obtuvo sobre Pegasus como miembro del Gobierno y los análisis que llevaron a cabo el centro adscrito al CNI. Cabe recordar que el ministro de Presidencia fue quien ofreció una rueda de prensa a primera hora de la mañana del pasado 2 de mayo para informar de las dos infecciones en los dispositivos de Sánchez y Robles. Asimismo, algunas de las preguntas que se enviarán al testigo podrían estar relacionadas con la seguridad de Moncloa y si ello depende en último escalón de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que ostentó antes de convertirse en ministro, tal y como señalan los decretos por los que se reestructura la Presidencia del Gobierno del 27 de enero de 2020 y de 26 de julio de 2020. 

Tras conocerse la apertura de una investigación en la Audiencia Nacional por el espionaje con Pegasus, el pasado mes de mayo, Bolaños negó durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados haber tenido alguna responsabilidad en la seguridad de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de los ministros que sufrieron el ataque informático. Presidencia "no marca ningún protocolo de seguridad para ningún Ministerio", afirmó en el hemiciclo.