Así eran los ERE andaluces: “Primero pagar y después vendrán los papeles”

La sentencia del caso de los ERE examina la implicación que cada uno de los 21 acusados tuvo en una trama ilícita de concesión de ayudas a empresas a través de un procedimiento que se saltaba todos los sistemas básicos de control y fiscalización, y que se puede resumir en la frase que uno de los directores generales de Empleo durante el periodo 200-2009 le dijo a una empresa beneficiaria: “Primero vamos a pagar y después vendrán los papeles”. Así lo expone en los fundamentos jurídicos la sentencia publicada ayer, tras hacer un repaso exhaustivo de como se otorgaba dinero a empresas a través del Instituto de Fomento Andaluz y la agencia IDEA, con partidas de dinero público que no habían sido creadas para ello.

El propio expresidente andaluz, Manuel Chaves, que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, reconocía ante el juez que, más allá de los sistemas burocráticos de control –“yo no he visto nunca un informe de un interventor”, señaló-, su preocupación en ese momento era el diálogo social, porque “en Andalucía en esos años estábamos atravesando una crisis. Estaban cerrando empresas, empresas emblemáticas como Delphi o como Astilleros o como Santana o la Franja Pirítica de Huelva, y teníamos que articular una política”, incluye la sentencia al analizar los hechos probados correspondientes a Chaves.

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“Señoría, los tenía debajo de mi balcón. Se presentaban debajo de mi balcón o cuando iba a un acto público los tenía allí delante, manifestándose sobre sus problemas y yo para mal o para bien, yo creo que tenía que hacer lo que hice. Pues lógicamente si estaban en un plan pacífico los escuchaba. Me he reunido con muchos comités de empresas. Cuando se daba una ayuda a una empresa, que las ayudas como he dicho antes, Señoría, tenían su base política en un acuerdo de concertación que tenía y que buscaba como objetivo la paz social y el diálogo social”, insistió el expresidente andaluz.

En ese mismo sentido se mostró el entonces consejero de Presidencia y exdiputado en el Congreso, Gaspar Zarrías, cuando reconocía ante el juez que todas las decisiones del Gobierno se tomaban de forma colegiada y venían de postulados contemplados en los programas de la campaña electoral. El juez repasa cada caso y carga las tintas sobre el exconsejero de Economía, José Antonio Griñan -condenado a seis años de cárcel-, en su calidad de exconsejero de Economía, porque era el máximo responsable de todo el entramado. Junto a él, las penas mayores recaen sobre los dirigentes de las consejerías de Empleo e Innovación, junto con los directores y presidente del IFA y la agencia IDEA, a través de la que se tramitaron en diez años los 680 millones en ayudas irregulares en unos 270 expedientes.

Una de las claves que marcan la sentencia de los ERE andaluces se centra en que se usaron para todo tipo de casos y situaciones. De entrada, su consideración como transferencias al Instituto de Fomento Andaluz (IFA)

impedía que se usaran de forma indiscriminada para indemnizar a trabajadores de empresas en crisis u otro tipo de situaciones, dado que eran para el gasto corriente de la institución para necesidades de tecnología o inversión de empresas. Es decir, el IFA y la agencia IDEA gastaban dinero, y luego recibían transferencias para sufragar ese gasto, pero no tenían, como ente público, unos ingresos propios.

Hasta en tres ocasiones relata la sentencia como, a modo de ejemplo, con fondos del programa 31-L se pagaron campañas de comunicación sobre fomento de empleo y divulgación del Servicio Andaluz de Empleo; se pagaron gastos derivados de la cesión al servicio 112, de dependencias correspondientes al edificio del pabellón de Italia en Sevilla; se financió el programa de formación del voluntariado de los Juegos del Mediterráneo en Almería; se financiaron campañas de divulgación en materia de prevención de riesgos laborales; se financió parte de la subida salarial de trabajadores de las empresas FCC y Cespa, como consecuencia de la suscripción de un convenio colectivo en el 2006, que puso fin a una conflictividad laboral de la limpieza pública de la provincia de Granada; se financiaron 16 muestras de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo en diversos municipios andaluces; y se pagó a la fundación San Telmo un curso de alta dirección durante cinco ejercicios.

Según fuentes jurídicas consultadas en la abogacía de los negocios, una de las claves de la sentencia no es solo que había un “riesgo cierto de conceder las ayudas para fines ajenos al fin público o social al que estaban destinados los fondos públicos”, como dice la sentencia, sino que el sistema impedía también fiscalizar de forma singular cada uno de los expedientes.

“La Intervención Delegada únicamente fiscalizaba un expediente de transferencia de financiación (…) que en ningún caso alcanzaba a los expedientes de gasto que se debieron de haber formado para la tramitación singular de las ayudas. Consta en las actuaciones que no fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas del programa 31-L, durante el periodo enjuiciado, desde el año 2000 al 2010”, explica la sentencia.

A juicio del juez haciéndose eco de los informes de la Fiscalía Anticorrupción y de los informes periciales presentados en los cinco años de instrucción del caso, ese cambio presupuestario “lo que pretendía era que no le fuera necesario al Director General confeccionar un expediente de gasto singularizado para cada una de las ayudas que iba a conceder, puesto que tenía garantizado que iba a lograr el pago de todos modos, gracias al previo traspaso de los fondos al Instituto, mediante el uso inadecuado de la transferencia de financiación”. O lo que es lo mismo, primero pagar, y luego los papeles.