Los empresarios y autónomos interesados en recibir las ayudas directas que aprobó este viernes el Consejo de Ministros tendrán que dirigirse a las comunidades autónomas en las que se encuentren localizada su actividad principal. La decisión del Gobierno central de establecer un sistema de "cogobernanza" en la gestión y reparto de este paquete de 7.000 millones de euros en transferencias ha despertado un gran interés en los sectores afectados por la pandemia. Habrá ayudas para el turismo, para la hostelería, para el comercio, para el ocio nocturno... Pero tendrán que esperar más de un mes, al menos, para empezar a solicitarlas ya que el Ejecutivo se ha fijado un plazo de cuarenta días para comenzar a tramitar las solicitudes. Será a finales de abril. El desbloqueo de los fondos llegará más tarde, bien entrada la primavera, por el mes de mayo, intentando aprovechar el ciclo económico.
Empresarios y autónomos tendrán acceso a esta transferencias directas por importe de entre 3.000 y 200.000 euros. Todo dependerá de su volumen. Tendrán, eso sí, que acreditar una caída de sus ingresos de, cómo mínimo, un 30% en 2020 en relación al año anterior. Se tendrá en cuenta "el volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente", explican fuentes gubernamentales. El instrumento escogido, por tanto, es el IVA o el IGIC. De esta forma, según las mismas fuentes, se firmarán convenidos con las comunidades autónomas y habría un intercambio de información con la Agencia Tributaria que será el que determine si los solicitantes pueden acceder a las ayudas directas.
Queda por conocer el detalle de las transferencias que podrán repartir cada comunidad autónoma. Canarias y Baleares, al ser dos archipiélagos afectados en mayor medida por el desplome del turismo, tendrán un fondo de 2.000 millones y los otros 5.000 millones se distribuirán en la Península atendiendo a los criterios con los que ya se repartió el React-EU pero actualizados a diciembre de 2020. En unos días el Ministerio de Hacienda publicará una orden ministerial fijando las cuantías para cada gobierno.
Se tendrá en cuenta "el volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el IVA o tributo indirecto equivalente"
Entre los sectores susceptibles de recibir estas ayudas hay novedades. Se incluirán, por supuesto, el turismo, el comercio, la hostelería, el ocio nocturno... y habrá novedades. De esta forma, el Gobierno amplía los sectores contemplados en los ERTE e incluye, por ejemplo, al taxi. También se incorporan actividades cuyos clientes sean de los más afectados por la pandemia. Por ejemplo, empresas asociadas al turismo, aunque no se dediquen propiamente a él, podrán tener acceso a los fondos.
Los gastos tendrán que destinarse a pagar los gastos no reembolsables de carácter finalista. Es decir, facturas, deudas, suministros, el alquiler o salarios, entre otros aspectos. Los indirectos no se podrán incluir.
El importe de estas ayudas ascenderá también a un máximo del 40% de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia para micropymes y autónomos, mientras que ese porcentaje se reducirá al 20% en el caso del resto de compañías afectadas. Los autónomos acogidos al sistema de módulos, por su parte, podrán recibir una ayuda de hasta 3.000 euros ya que se trata de profesionales que tributan por estimación.
Las empresas que reciban estas ayudas directas tendrán, eso sí, obligaciones. Por ejemplo, deberán mantener su actividad hasta finales de 2022 y no podrán repartir dividendos ni incrementar los salarios de la alta dirección en este tiempo. El Gobierno, además, va a aplazar las obligaciones tributarias de los cuatro primeros meses del año durante seis meses sin intereses. El Consejo de Ministros, además, ha decidido no incluir entre esas condiciones el mantenimiento del empleo. Se llegó a contemplar y lo pedía Unidas Podemos. Se podrá, por tanto, despedir aunque una empresa reciba estas ayudas directas que el Ejecutivo espera que sean las últimas.
El paquete de 11.000 millones aprobado este viernes por Sánchez y sus ministros también contempla la creación de un fondo de recapitalización dotado con 1.000 millones de euros para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables a medio y largo plazo. Se articulará a través de Cofides, dependiente del Ministerio de Industria y servirá para complementar el fondo de la SEPI de 10.000 millones de euros para la recapitalizar empresas estratégicas de mayor tamaño: Air Europa, Duro Felguera y Plus Ultra Líneas Aéreas.
El resto del plan de ayudas, 3.000 millones, estará destinado a reestructuraciones de deuda que asumirán el Estado y la banca con el mismo esquema de los créditos ICO. Es decir, el Estado avalará entre el 70% y el 80% de la deuda y la banca el resto. Para ello, según explican desde Economía, se está negociando un código de buenas prácticas con la banca que sirva como marco global para estas operaciones. Está previsto que entre en vigor en el segundo semestre del año.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios