María es una mujer de mediana edad que trabaja como funcionaria. Después de los ajustes, su sueldo apenas supera los 25.000 euros. Está divorciada y tiene dos hijos menores en edad escolar a su cargo. Entre material escolar, comida, vivienda y ropa, tiene que hacer malabarismos con su salario para llegar a fin de mes.
Hace tiempo que su exmarido se niega a pagarle la pensión alimenticia acordada por el juez. Tras casi un año de quejas desoídas, María se ha decidido a dar un paso adelante y reclamar la ejecución de la sentencia que le otorga poco más de 500 euros para la manutención de sus pequeños.
Su abogado le ha dicho que si inicia ahora el proceso, el trámite le resultará gratuito. Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Tasas Judiciales, el proceso de ejecución de la sentencia le costará como mínimo 200 euros, un dinero que nunca recuperará y que irá directamente a engordar las arcas del Estado.
Es posible que a estas alturas ya muchos lectores ya se hayan dado cuenta de que María no existe. Es un personaje inventado, pero a la vez es la personificación de una de las decenas de miles de paradojas que se vivirán en nuestro sistema judicial con la puesta en marcha la última ley impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
La nueva ley de Tasas Judiciales hará que iniciar un proceso o apelar una decisión judicial en el ámbito civil, social y contencioso-administrativo cueste ente 100 y 1.200 euros, en el caso de recurrir al Tribunal Supremo. Sólo aquellas personas que ingresen menos de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 15.975 euros, tendrán acceso a la justicia si coste añadido.
"A partir de ahora no todos los ciudadanos tendrán acceso a la justicia, se acabó", se lamenta David Díez, presidente de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), una de las organizaciones más beligerantes con la nueva medida.
Medida de ahorro, no de mejora
En una conversación con lainformacion.com Díez califico las nuevas tasas como "un impuesto revolucionario" y explicó que "la Constitución española, en su artículo 119, establece que la justicia será gratuita" y que lo que consigue el Gobierno con la nueva medida es "estrangular el acceso de la clase media, que es la que siempre paga".
Para el presidente de CEAJ, la justificación de Ruiz-Gallardón para la introducción de la nueva ley para garantizar la justicia gratuita a las personas con menos recursos no es más que "una excusa para mantener un sistema judicial obsoleto que carece de recursos para adaptarse a los nuevos tiempos como sí han hecho otras administraciones como Hacienda".
Díez tiene claro que la finalidad última del ministro no es mejorar el acceso a la justicia de los más desfavorecidos sino "reducir costes, eliminar puestos de trabajo de jueces y personal judicial y, en última estancia, terminar de manera definitiva con la justicia gratuita".
Influencia en nuestra vida diaria
Aunque es fácil perderse en los vericuetos legales de la nueva Ley de Tasas Judiciales, el impacto que tendrá en el devenir cotidiano de millones de españoles será brutal. Un ejemplo cada vez más común en nuestro país: cualquier pequeño empresario o autónomo que quiera reclamar el cobro de una deuda de 1.000 euros deberá abonar una tasa de 105 euros al Estado.
Y ahí no acaba todo. Recurrir una multa de tráfico de 100 euros costará 200 euros. Reclamar ante los tribunales cualquier actuación de la Administración, la cantidad a pagar se situará entre los 200 y los 350 euros, mientras que para recurrir una sentencia se deberá desembolsar un importe mínimo de 500 euros, que podrá llegar a los 800 euros. "Es un dinero a fondo perdido. Nunca se recuperará, aunque se gane y la otra parte sea condenada a pagar las costas", aclara David Díez.
El máximo responsable del colectivo de los abogados jóvenes afirma que "los grandes beneficiados de la nueva medida serán las empresas que deban dinero a proveedores" que, ante la imposibilidad de recurrir de manera gratuita al amparo judicial, decidan aceptar una muy negociación a la baja de la deuda "por lo menos para poder cobrar algo".
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