Asociación pide a Gobierno de España que no se engañe a la Justicia argentina

Madrid, 28 dic.- La Asociación española para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solicitó hoy al Gobierno de España que no se vuelva a "engañar" a la Justicia argentina, en la investigación abierta por los crímenes cometidos durante el régimen del dictador Francisco Franco.

La ARMH recuerda en un comunicado que la magistrada María Servini de Cubría ha reclamado información al Ejecutivo español acerca de diversas cuestiones relacionadas con la represión franquista, desde julio de 1936 a noviembre de 1975.

La asociación se personó el 14 de abril de 2010 en la querella presentada en Buenos Aires acompañando a Darío Rivas, hijo de un alcalde republicano exhumado por la ARMH en 2005.

La demanda fue respaldada por decenas de colectivos de derechos humanos argentinos, como las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo o el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

La ARMH espera ahora que el Gobierno español colabore con la Justicia argentina, y considera que su deber es garantizar el acceso a la misma a las familias de los 113.000 desaparecidos que "se han visto obligadas a buscar a miles de kilómetros del poder judicial español".

Asimismo, confía en que "se corrijan los errores" del anterior ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, y el exfiscal general de Estado Cándido Conde-Pumpido, "que trataron de engañar a la Justicia argentina asegurando que los crímenes de la dictadura franquista ya estaban siendo juzgados en el Estado español".

La juez solicita información sobre dirigentes y responsables del franquismo, en especial de aquellos que estén con vida: miembros de los Gobiernos, responsables militares y policiales, así como dirigentes de Falange.

Reclama, en su requerimiento, información sobre el número de desaparecidos y asesinados, el robo de bebés o de las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo de los presos republicanos.

Se interesa también por varios cementerios, en los que se han producido exhumaciones, y por las oportunas diligencias judiciales, y reclama información sobre policías y jueces que supuestamente colaboraron en ejecuciones.