Las asociaciones judiciales han salido en defensa de la separación de poderes tras hacerse público este martes los motivos por los que el Ministerio del Interior cesó la pasada semana al coronel Diego Pérez de los Cobos. Aunque no todas comparten el mismo análisis de la situación, sí insisten en recordar que no se puede producir injerencia en un procedimiento judicial, en referencia a la causa que investiga un juzgado de Madrid sobre si se cometió o no delito de prevaricación con la autorización de la marcha del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo.
Desde la Asociación judicial Francisco de Vitoria piden el cese del ministro Fernando Grande-Marlaska, al que acusan de haber perdido "toda legitimidad" con su presunta injerencia en la labor de la Policía Judicial de la causa penal abierta contra la Delegación del Gobierno. Según exponen en una nota, es "inaceptable" que el cese del coronel De los Cobos se produzca porque éste se negara a dar información acerca del atestado policial encargado a los agentes adscritos a la Comandancia de Madrid de la que era jefe. Añaden que es "inadmisible" que el ministro del ramo actúe de esta forma principalmente debido a su pasado como magistrado en la Audiencia Nacional. "Lo grave no es qué investiga la Justicia sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial", recalca la segunda asociación de jueces más representativa.
Sin embargo, no todas llegan tan lejos. El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, explica en declaraciones a La Información que se tendría que demostrar que efectivamente el ministro o la propia directora de la Guardia Civil, María Gámez, intentaron acceder al contenido del atestado, lo que demostraría una injerencia en un asunto judicial que todavía no ha quedado probada. González recuerda que De los Cobos no ostentaba un cargo inamovible y se le podía cesar desde Interior, si bien cree que el departamento debería explicar los motivos reales por los que le apartó de su puesto. El departamento que dirige Marlaska defendió en un primer momento que su cese se produjo por pérdida de confianza, sin embargo, la propuesta oficial de destitución que ha adelantado El Confidencial demostraría que su salida se produjo por negarse a informar del desarrollo de la investigación.
"Si te metes en política, no vuelvas"
Desde Foro Judicial Independiente no piden el cese de Marlaska pero sí insisten en que esta presunta injerencia del ministro en las investigaciones penales desacredita en gran medida la imagen que tiene el ciudadano de la Justicia. Su presidenta, Concepción Rodríguez explica a La Información que este caso es especialmente delicado puesto que se habría intentado acceder a detalles de un procedimiento penal que afecta de lleno a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por ello entienden que "con ese mar de fondo" el ministro tendría que abstenerse de acceder a cualquier tipo de información sobre esta causa en la que está imputado José Manuel Franco.
La presidenta de FJI asegura que no van a entrar en cuestiones de índole política aunque sí sostiene que si un magistrado, como es el caso de Marlaska, apuesta por la política, luego debería replantarse su vuelta al mundo de la judicatura porque en la carrera judicial es necesario mantener una imagen de imparcialidad e independencia. En relación a las informaciones que dan a sus superiores los agentes adscritos a una unidades de policía judicial, Rodríguez pide diferenciar la vertiente orgánica de la funcional. Una cosa es informar acerca de cuestiones relativas a la organización de la causa penal en cuestión y otra muy distinta dar datos concretos sobre esas pesquisas dirigidas por un juez instructor.
Causa contra el Delegado del Gobierno
El Gobierno ha mostrado su apoyo sin fisuras al ministro después de que su versión sobre el cese de Pérez de los Cobos haya quedado en entredicho. La nota de carácter reservado sobre la destitución producida el pasado 24 de mayo demuestra cómo efectivamente Marlaska apartó al coronel de su puesto por no informarle del desarrollo de las actuaciones relativas a la causa penal contra el delegado del Gobierno de Madrid. Las dudas residen en saber si Gámez o altos cargos del Ministerio del Interior se interesaron en concreto por el atestado policial aportado a la causa tres días antes de su cese, lo cual, de ser así, implicaría una injerencia en la causa. El informe en cuestión es especialmente duro no solo con el órgano que dirige Franco sino también con la gestión del Ejecutivo central en plena crisis del coronavirus.
El ministro ha defendido en numerosas ocasiones que ni el Ejecutivo ni la Guardia Civil llamaron a Pérez de los Cobos para pedirle datos concretos de unas diligencias judiciales. Una tesis que ha vuelto a repetir hoy en su comparecencia en el Senado: "Este ministro ni ha tenido informe alguno, acceso al contenido del informe alguno ni ha injerido en la tramitación del informe", ha dicho Marlaska. Por su parte, la magistrada al frente de la causa penal, Carmen Rodríguez Medel, ya advirtió a Interior el pasado lunes que el informe que costó el puesto a De los Cobos es secreto y que los agentes encargados de su elaboración solo tienen que rendir cuentas del mismo en sede judicial a tenor de lo estipulado en el artículo 126 de la Constitución.
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