Los exdirectivos del BBVA citados en el caso Tándem por los delitos de cohecho y revelación de secretos se han acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado que investiga los pagos de la entidad al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo. De este modo todos ellos, incluidos el actual asesor de cabecera del banco, Juan Asúa, y el que fuera responsable de Control Interno Eduardo Arbizu, han guardado silencio ante el instructor al mantenerse esta pieza separada del caso bajo secreto de sumario.
Además de ellos han acudido a la Audiencia Nacional el exresponsable de servicios jurídicos Eduardo Ortega y el jefe de riesgos Manuel Castro. El quinto citado para este martes era José Manuel García Crespo, también exresponsable de servicios jurídicos, el cual no ha acudido a la citación por motivos de viaje, según informan fuentes jurídicas. Los cinco estaban llamados a declarar un día después de que lo hiciera el máximo responsable del banco en el momento de los hechos, Francisco González.
A diferencia del resto, el banquero sí se prestó a responder a las preguntas de los fiscales Anticorrupción y del magistrado Manuel García Castellón que indagan en esta pieza novena del caso Tándem la relación laboral del BBVA con Cenyt, la cual arrancó hace más de 13 años y se prolongó hasta 2017, año en que detuvieron al agente encubierto por presunta pertenencia a organización criminal.
La estrategia de FG y Béjar
Las fuentes consultadas por este diario explican que los investigadores expusieron a González los contratos del banco con Cenyt en aras a averiguar quien fue la persona que ordenó directamente que la entidad contratara con los servicios de Villarejo en un momento en que éste estaba en activo en el cuerpo policial. Al respecto, Francisco González se desligó por completo de los encargos de dudosa legalidad (para los que Villarejo se habrían apoyado en medios policiales) y delegó cualquier responsabilidad en el entonces director de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, también investigado en esta pieza.
En línea con la versión mantenida hasta entonces, el banquero expuso en sede judicial que no tenía nada que ver con estas contrataciones y que no conocía a Villarejo. Con todo, los investigadores lograron estrechar el cerco en su figura gracias a toda la documentación requerida en reiteradas ocasiones a la entidad, así como a los audios que figuran en la causa. Se trata de conversaciones mantenidas entre Villarejo y Corrochano que el propio agente grabó y en las que el exjefe de seguridad le pide celeridad en sus presuntos espionajes para dar cuenta de los mismo 'al presi', en referencia a González.
Además de todo esto hay que añadir toda la documentación e información que han recabado los investigadores por parte del exdirectivo de riesgos Antonio Béjar. El empresario se desmarcó desde el principio de la estrategia adoptada por otros investigados (como el propio Corrochano o el exCeo Ángel Cano) y mostró su intención desde el primer momento en colaborar con la Justicia. De hecho, así lo hizo en su primera citación en sede judicial el pasado verano a preguntas de su letrado, el magistrado Javier Gómez Bermúdez. Fue entonces cuando Béjar dijo que desconocía al agente encubierto y que éste realizó trabajos tales como identificación de clientes morosos.
Pagos de 10 millones
Desde entonces hasta ahora, el también expresidente de Distrito Castellana Norte ha desfilado hasta en cuatro ocasiones por la Audiencia Nacional y en todas ellas ha desgranado cuáles eran sus funciones dentro de la entidad, así como su conocimiento acerca de este asunto. El departamento que Béjar dirigió se encargaba de dar el visto bueno a las facturas que Villarejo (a quien también dijo desconocer) cargó al banco por investigaciones patrimoniales.
Los investigadores de la causa sospechan que algunos de estos recibos se habrían inflado en aras a compensar a Villarejo por sus trabajos parapoliciales, si bien Béjar ha defendido en sede judicial desde un primer momento que él acató órdenes que venían de la cúpula del banco. Precisamente el representante legal de la entidad, Adolfo Fraguas, es el siguiente en desfilar por la Audiencia Nacional. Lo hará este miércoles cerrando de este modo la nueva ronda de citaciones acordadas en la pieza novena del caso la cual suma ya una quincena de personas imputadas.
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