La asociación de consumidores financieros Asufin ha celebrado la creación del Ministerio de Consumo, si bien ha exigido que se mejore la protección de consumidores "en los abusos perpetrados en masa", según ha comunicado en una nota de prensa. La seguridad en las compras por Internet, la calidad de los productos y la mejora de la eficacia de las acciones colectivas para evitar los abusos colectivos son los desafíos "imprescindibles", según la asociación.
El nuevo ministerio, que será liderado por Alberto Garzón, tendrá la oportunidad de implementar el 'Nuevo Acuerdo para los Consumidores' propuesto por la Comisión Europea. Asimismo, entre las "asignaturas pendientes" que tiene que afrontar la nueva vicepresidencia económica liderada por Nadia Calviño figura la aprobación en este mismo mes la Orden que reforzará el control de las tarjetas de crédito 'revolving'.
La asociación ha presentado propuestas de mejora que "eviten el sobreendeudamiento y fomenten el uso responsable del crédito si no se informa con transparencia al consumidor", ha explicado su presidenta, Patricia Suárez. En el sector financiero sigue pendiente de culminar la privatización de Bankia, cuya fecha límite para que el Estado dejase de participar en el capital de la entidad financiera se amplió por segunda vez hasta diciembre de 2021. A su vez, seguirá la gestión de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), de la que el FROB tiene un 45% de sus acciones y el restante 55% del capital es privado.
Igualmente, ha quedado pendiente la división de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y seguir trabajando en la ya creada Autoridad Macroprudencial para identificar, prevenir y mitigar el desarrollo del riesgo sistémico. Entre los próximos retos del gabinete de Sánchez, tendrán que hacer frente a los nuevos marcos regulatorios que exija la economía digital. La futura 'sandbox' española "deberá garantizar los derechos de los consumidores y usuarios financieros para minimizar los riesgos y evitar errores del pasado", ha reclamado la asociación.
Asimismo, se deberá impulsar la Autoridad independiente de protección al usuario financiero. Esta nueva autoridad ha de ser independiente, con capacidad sancionadora y restitutoria para evitar que los afectados por los abusos financieros se vean obligados a judicializar el conflicto. La creación de una oficina en defensa del consumidor bancario que refuerce la protección ante los abusos de entidades y operadoras financieras del mercado, que mejore la capacidad de resolver los conflictos y garantice la seguridad jurídica sigue siendo un deber del Gobierno cuyo testigo tendrá que retomar el nuevo gabinete.
Por último, las finanzas estarán marcadas por los problemas ambientales y sociales que requerirán un cambio profundo en el diseño de los productos de inversión a medio y largo plazo así como en las decisiones de las empresas y el comportamiento como consumidores. Para ello, el nuevo vicepresidente de la agenda 2020-2030, Pablo Iglesias, así como la vicepresidenta de transición ecológica, Teresa Ribera, tendrán que aprobar medias que favorezcan, premien e incentiven el cambio.
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