El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha acordado este domingo la puesta en libertad de los tres detenidos en la capital navarra en el transcurso de los incidentes provocados tras la ocupación ilegal de un edificio en el Paseo de Sarasate.
El juez, que imputa a los tres investigados sendos delitos de atentado a agente de la autoridad, así como a dos de ellos un delito de usurpación de bienes inmuebles, ha ordenado a la Policía Municipal de Pamplona que identifique a las demás personas que hayan podido participar en la comisión de dichos delitos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
En las diligencias judiciales abiertas, que se tramitarán como urgentes y cuyos juicios rápidos se celebrarán en dos semanas, el Ministerio Fiscal acusa a dos de los investigados, A.R.S. e I.M.P., de dos delitos de usurpación de bien inmueble, de dos delitos de atentado a agentes de la autoridad y de otros tantos de lesiones leves. Solicita para cada uno de ellos 15 meses de prisión por los delitos de atentado y sendas multas de 2.250 y 900 euros, respectivamente, por los delitos de usurpación y lesiones.
Para el tercer detenido, J.E.V.E., la fiscal reclama 15 meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad y 1.350 euros de multa por un delito leve de lesiones.
Respecto a los disturbios provocados tras la ocupación del citado inmueble, y en relación con una nota de prensa hecha pública por la formación EH Bildu en la que critica "la injerencia del juez de guardia en este caso" y asegura que el desalojo del piso ocupado "se ha procedido por indicación" suya, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) rechaza la acusación de injerencia por cuanto el juez de guardia "no tenía abierto procedimiento judicial alguno ni dictó orden alguna de desalojo".
El TSJN ha afirmado además que tanto los jueces y magistrados como todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, entre otras funciones, "deben velar por el cumplimiento del principio de legalidad y, por tanto, tienen que actuar ante la comisión de un delito flagrante como el acontecido ayer". "El incumplimiento intencionado de esta obligación puede ser constitutivo de un delito de omisión del deber de perseguir los delitos, previsto en el artículo 408 del Código Penal", ha añadido.
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