El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a un total de 14 televisiones en la causa en la que investiga la trama de la música inaudible bautizada como 'La Rueda'. El instructor les atribuye el delito de corrupción en los negocios cometido por medio de organización criminal y acuerda esta diligencia a petición de la Fiscalía. El Ministerio Público considera que la red, dedicada a registrar presuntamente piezas como propias obras de dominio público(y por tanto sin derechos de autor), no podría haberse desarrollado "sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas".
De acuerdo con el auto del instructor, el origen de este presunto sistema de retorno se encuentran en la creación por parte de las televisiones de editorales musicales con las que pretendían rebajar el dinero que pagan anualmente a la SGAE. De este modo, obtendrían beneficio tanto los implicados en esta trama (que suman cuota de poder en la sociedad conforme más piezas registren) y las televisiones que emitían estas piezas en su franja nocturna. Es por ello que el juez imputa a Atresmedia, Mediaset, Canal Sur, Televisión Extremadura, RTPA, TVG, Radio Televisión de Aragón, EITB, Telemadrid, Televisión Pública de Canarias, Musicyl y Televisión Castilla La Mancha.
El magistrado, que cifra el fraude total en 100 millones de euros en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2011, explica que los ya investigados en este procedimiento podrían estar actuando en connivencia con trabajadores de productoras de televisión de tal manera que se abonarían comisiones para que su repertorio se difundiera en la franja nocturna. Y, como ya expusiera en su auto por el cual imputaba a los principales investigados en 2017, los acusados para evitar ser detectados habrían cedido sus derechos de autor a familiares, cónyuges, hijos y habrían creado sociedades y productoras.
Sin protocolo de actuación
Aunque hasta la fecha no figuraba ninguna televisión imputada, el magistrado al frente de la causa entiende ahora que la responsabilidad penal que pueda atribuirse a las personas encargas de las áreas de las televisiones implicadas en las negociaciones con los acusados, también debería trascender a las propias televisiones implicadas en la emisión de estos contenidos. Ello es así porque no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar "las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones".
Considera el magistrado que la emisión de todas estas melodías registradas en la SGAE y conocidas también como 'música inaudible' no se rigió por criterios de calidad sino más bien "con un objetivo de carácter defraudador". Al respecto detalla que la investigación arroja que las cantidades aproximadas que estaría ingresando el grupo de investigados rondaría los 20 millones de euros anuales y que las conductas llevadas a cabo por los entes televisivos "atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación".
Por todo ello, Moreno concluye que existen indicios de que los entes televisivos han participado en la omisión de estos hechos, no como un mero instrumento del delito "sino auténticos sujetos de derechos y obligaciones, y por tanto deben adquirir el estatus jurídico procesal de investigado con los derechos y garantías inherentes al mismo". Entre los investigados en este procedimiento figuran los músicos Rafael Tena, el pianista Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez además del expresidente de la SGAE José Miguel Fernández Sastrón.
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