La investigación que sigue la Audiencia Nacional por falsedad contable en Abengoa vivió este martes un momento crucial tras el registro judicial en la sede de la multinacional sevillana. El operativo, dirigido por el magistrado Ismael Moreno, se impulsa cinco años después de poner en marcha una causa por supuesto maquillaje de las cuentas y en un momento especialmente delicado para la compañía, que sigue inmersa en su proceso de venta. Con esta operación, los investigadores tratan de localizar material clave de sus supuestas irregularidades contables, que se remontarían a la etapa en la que fue presidente Felipe Benjumea.
De hecho, la causa -que arrancó a tenor de una querella presentada por la Plataforma de Afectados de Abengoa- ha ido avanzando hasta poner en la diana a la propia compañía y Deloitte. Fuentes de la investigación consultadas por La Información explican que las actuaciones -que están bajo secreto de sumario y continúan este miércoles- se impulsaron a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ante la falta de colaboración de la sevillana a los requerimientos del juzgado. La firma, por su parte, sostiene que está implicada en dar respuesta a unos hechos que amenazan su supervivencia al afrontar ahora también delitos societarios y contra los consumidores. Se trata de una pesadilla que implica un punto de inflexión en su historia y que arrancó en 2015, cuando se frustró la ansiada ampliación de capital de 650 millones.
Precisamente ese episodio hizo saltar las alarmas entre accionistas de Abengoa que decidieron llevar a la Audiencia Nacional las indemnizaciones millonarias percibidas por Benjumea y el entonces consejero delegado Manuel Sánchez Ortega de 11,4 y 4,4 millones de euros, respectivamente. Tanto los perjudicados por la caída de la multinacional como el Ministerio Fiscal entendieron que la excúpula había cometido delito de administración desleal por estos pagos que recibieron tras su cese; sin embargo, el tribunal apuntó en la dirección contraria y les absolvió al entender que esos pagos se adecuaban a lo pactado, por mucho que la compañía entonces atravesara graves problemas de liquidez por los que se acogió al preconcurso de acreedores.
Sanción del ICAC y pericial clave
Sin embargo, y en paralelo, la Audiencia Nacional ya había puesto el foco en posibles irregularidades en las cuentas de 2014, 2015 y 2016. El mismo tribunal que absolvió a los antiguos gestores de la firma sevillana vio indicios suficientes para dar luz verde en 2016 a una querella por falsedad contable y fraude de inversores. Se trató del primer giro importante de la causa porque con esta decisión la Sala de lo Penal corrigió al magistrado que ayer ordenó el registro en la sede de Sevilla, y le obligó a investigar estos hechos. Según explicó entonces, aunque era cierto que no habían aportado pruebas que demostraran sus denuncias, también admitieron que para impulsar una causa no eran necesarias. Unas sospechas que parecen haberse acreditado cinco años después mientras Abengoa aguarda a que la SEPI dé respuesta a su petición de 249 millones de euros del fondo de rescate.
A la par que tomaba el control el consejo asesor internacional de Abengoa tras la abrupta salida del hijo del fundador, la Justicia seguía avanzando en esta línea hasta que en el año 2019 se produjo otro momento clave de la investigación. De nuevo la Plataforma de Perjudicados lideró la iniciativa al pedir que se ampliase la querella inicial frente a la propia Abengoa, Deloitte (en calidad de auditor de las cuentas) y el socio responsable de la auditoría, Manuel Arranz. El fiscal dio entonces un paso al frente al constatar que las sospechas que existían se habían materializado y el juez, siguiendo su criterio, acordó sus imputaciones poniendo el foco no solo en la matriz sino también en otras sociedades del grupo como Abengoa Solar o Bionergía.
Dos eran las pruebas clave para los investigadores: por un lado, la pericial aportada por los querellantes sobre la ocultación de deterioros desde el año 2014 y, por otro, la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de febrero de 2018. El ICAC cuestionó el trabajo del auditor al concluir que reconocieron sin evidencias suficientes unos ingresos de 4.500 millones de euros (el 63,15% del volumen de negocio) proveniente de la actividad de ingeniería y construcción de Abengoa. Pero no se quedó aquí sino que también destacó que el auditor avaló una "ilícita alteración al alza en un 14,7% del margen de beneficio de su proyecto estrella en México equivalente a otro 30% de su cifra de negocio.
Sospecha en los contratos
La multinacional trató de evitar la pena de banquillo en un momento en que buscaba salvarse de la quiebra y pidió al juez que le sacara de la causa. Pero el titular de la misma no solo tumbó el recurso sino que recordó que esta pieza ya acumulaba 10 tomos y 300 perjudicados por unos folletos de emisión que contendrían información falseada. Así pues, lejos de aminorar la marcha, acordó imputaciones de exaltos cargos de la compañía (como la del que fuera director financiero en esos años, Jesús Ángel García-Quílez, y a su exnúmero 'dos', María del Sol Santana). Además, abrió una nueva línea de actuación al citar en calidad de testigos a varios empleados de KPMG que participaron en el proyecto Palmera. Se trata de un informe que se elaboró para Abengoa en septiembre de 2015 a petición de las entidades que iban a participar en la ampliación de capital (Banco Santander y HSBC).
A finales del año pasado, cuando se cumplían cuatro años de investigación y ante las denuncias del ICAC, la Audiencia dirigió la causa a México y libró una comisión rogatoria para reclamar el contrato bajo sospecha del proyecto A3T que finalmente se acabó quedando el Santander. Pero este no ha sido el único trabajo que ha levantado las sospechas de la Justicia. De hecho, los juzgados de Sevilla también mantiene abierta una investigación ante las denuncias por el proyecto del Ave La Meca-Medina. En este caso, la Justicia puso el foco en la existencia de unas facturas que se habrían abultado provocando un impacto agregado en el grupo de negocio de ingeniería de Abengoa (Abeínsa) de 15 millones de euros. El juzgado de instrucción número 3 de Sevilla se inhibió en favor de la Audiencia pero Moreno le mandó la causa de vuelta.
Con este caldo de cultivo y en un momento en que la falta de liquidez amenaza la supervivencia de la multinacional sevillana, la Audiencia Nacional vuelve a dar otro impulso a la investigación con el registro de su sede en el Campus Palmas Altas. La irrupción a primera hora del martes de los agentes de la Guardia Civil y el exhaustivo análisis de todos los dispositivos informáticos que continúa este miércoles hace prever que los investigadores tratan de amarrar las pruebas clave contra la compañía a la que le han reprochado a lo largo de la investigación su falta de colaboración en este procedimiento penal.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios