Ya hay fecha para el juicio contra Luis Pineda y Miguel Bernad por el caso Ausbanc. La Audiencia Nacional ha fijado para el 23 de septiembre el arranque de esta vista oral contra un total de diez personas, entre ellos los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, por integrar presuntamente una red criminal con la que habrían estafado a empresas y entidades bancarias de las cuáles habrían obtenido financiación a cambio de no hacerles publicidad negativa en los medios. La Sala, no obstante, ha rechazado las peticiones formuladas por los acusados de que declarasen como testigos la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, así como el expresidente de Caixabank, Isidro Fainé, por no estar implicados.
De acuerdo con un escrito de los magistrados de la Sección Cuarta al que ha tenido acceso este diario, la vista se celebrará en la sede que tiene la Audiencia en San Fernando de Henares (que acoge también otros procedimientos como el caso Bankia). Para ello se han señalado un total de diez sesiones, siendo la última de ellas el 11 de octubre. La Fiscalía pide para Pineda 118 años de cárcel, cerca de 25 para Bernad y 12 para Virginia López Negrete, la abogada de Manos Limpias que ejerció la acusación en el caso Nóos contra Cristina de Borbón. También tendrán que responder como responsables civiles un total de 10 sociedades, administradas en su mayoría por Pineda.
La Sala también se ha pronunciado igualmente acerca de los escritos remitidos a la Sala por las partes y que recogen la petición de testificales y documental de cara al juicio oral que arranca en otoño. Es en el marco de estas solicitudes en el que los magistrados de la Sección Cuarta no admiten la testifical de Botín ni Fainé así como tampoco del líder de Podemos, Pablo Iglesias; la del juez inhabilitado Elpidio José Silva, del exfiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos o la del magistrado del caso Nóos José Castro. Entienden los magistrados que no figura su interlocución en los hechos ni tampoco constan en el relato del Ministerio Fiscal, por lo que no procede citarles como testigos.
La instrucción de la causa, que arrancó tras la detención de los principales investigados en el marco de la operación Néstor, terminó en octubre de 2017 con un total de 14 procesados. El magistrado al frente de la misma, Santiago Pedraz, consideró tras casi dos años de pesquisas que había quedado acreditado que los principales acusados formaron parte de una organización criminal, a cuyo frente se encontraba Pineda, el cual actuó a través de la supuesta asociación sin ánimo de lucro Ausbanc. De hecho, acusó a los implicados de actuar movidos por el interés un "beneficio económico ilícito" bajo la cobertura de una "defensa de los consumidores".
Caso Nóos
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 expuso en su auto del 30 de octubre de 2017 que el dinero que recaudaba Ausbanc procedía, en su mayoría, de las entidades financieras con las que se firmaban "convenios publicitarios" mientras que la otra parte provenía de las subvenciones que consiguió por su condición de asociación sin ánimo de lucro y de las aportaciones de los asociados. Igualmente enumeró una serie de situaciones en las que estarían implicados los principales acusados, destacando entre ellas el caso Nóos. De este asunto concreto expuso que Pineda empleó la estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación contra la infanta Cristina de Borbón a cambio de un acuerdo que les "beneficiara económicamente" y que oscilaría entre los 2 y los 3 millones de euros.
Del sindicato Manos Limpias el magistrado instructor expuso que su actuación no fue un "hecho aislado" y le implicó además en otros casos como el de los Ere de Sevilla, donde Manos Limpias ejerció la acusación popular, o el de la denuncia que se interpuso contra el Banco Sabadell. La Audiencia también juzgará la implicación de los acusados en acciones judiciales contra Rubén Sánchez, el portavoz de Facua, o en el caso contra Volkswagen por las emisiones de CO2. Su actuación en este último asunto tuvo como finalidad "ejercer presión y lograr algún tipo de negociación en beneficio de Ausbanc", de acuerdo con el auto del magistrado Pedraz.
El juicio arrancará con todos los acusados en libertad después de que la Sala de lo Penal revocara el pasado mes de abril la situación de prisión provisional que pesaba sobre el líder del entramado. Los magistrados acordaron su libertad provisional sujeta al pago de una fianza de 500.000 euros, que quedó reducida a 200.000 euros, tres años después de su ingreso en el centro penitenciario de Estremera por su presunta implicación en esta red de extorsión. La Sección Cuarta de lo Penal rebajó sustancialmente la cuantía de su fianza después de que la defensa de éste alegara que se encuentra en una situación "económicamente crítica" al tener su patrimonio embargado por el juzgado.
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