El avance de la investigación sobre todos los hechos relativos a la caída del Banco Popular no ha impedido que algunos de los perjudicados por la pérdida del valor de sus acciones reclamen que se ponga el foco en la etapa previa a la ampliación de capital del año 2016. Tanto es así que el asunto ha llegado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ante la que se ha presentado un recurso contra la decisión del magistrado José Luis Calama de limitar la investigación a los últimos meses de vida de la entidad.
Aunque no es la primera vez que perjudicados por la caída del banco piden que se indaguen presuntas irregularidades previas a esa etapa, en este caso ocurre un hecho insólito y es que el instructor de la causa decidió admitir a trámite una querella contra el expresidente Ángel Ron en la que se solicitaba precisamente poner el foco en la fase relativa a los años 2008-2015 por presunta falsedad en las cuentas. Aunque el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 dio luz verde a esta pretensión, precisó en su auto del pasado mes de diciembre que se unía a la causa vigente y se limitaba al periodo que indaga la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con el auto del magistrado, al que ha tenido acceso La Información, "ninguna objeción se hace a la admisión y acumulación de la querella a las presentes diligencias" siempre y cuando se ciña a la delimitación del objeto de investigación establecida en esta causa, esto es, los que se centran en la ampliación de capital realizada por el Banco Popular en mayo de 2016, así como los acontecidos hasta la venta de la entidad bancaria en junio de 2017. Además, el magistrado de la Audiencia Nacional recuerda que, desde el mismo momento en que arrancaron estas pesquisas en octubre de 2017, se han pedido en numerosas ocasiones ampliar las diligencias sin éxito alguno.
Evitar una causa ingobernable
Calama ha razonado en su respuesta al inversor que su criterio lo ha mantenido anteriormente la misma Sala que ahora estudiará el recurso presentado por el perjudicado. Según explica, el motivo por el cual los investigadores se ciñen al marco establecido desde el arranque del caso es el de "evitar anomalías procesales que impliquen excesivas complejidades y conlleven a evitables dilaciones"; máxime teniendo en cuenta que para que se practicaran los primeros interrogatorios a los exresponsables del banco ha tenido que pasar cerca de dos años de instrucción.
Con todo, el razonamiento del magistrado instructor no ha convencido al perjudicado, el cual ha recurrido directamente ante la Sala el hecho de que admita investigar al expresidente del Popular aunque por los mismos hechos por los que ya figura como imputado. "Aquí acontece que se admite una querella, para a renglón seguido dejarla vacía de contenido. No solo es que se produce una evidente contradicción, sino que es palmario que la resolución es absurda e irracional", responde el accionista cuya defensa legal ejerce el letrado Felipe Izquierdo.
Lo que solicita ahora a los magistrados de la Sala no es solo que contraste la veracidad de las cuentas del Popular desde el año 2008 sino que lo haga además desde unas diligencias separadas sin prejuicio de que finalmente se acaben incorporando a la compleja causa penal que dirige Calama junto con la Fiscalía Anticorrupción." Conectividad seguro la habrá, pero los hechos no son los mismos, y de ahí que sea necesario individualizar la tramitación de esta querella", responde en su recurso recogido por este diario.
Turno para el Banco de España
A falta de que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre este asunto, la causa sobre irregularidades en la ampliación de capital así como presunta manipulación de mercado sigue su cauce en la Audiencia Nacional y encara una nueva fase tras escuchar a todas las personas imputadas por estos hechos. Los interrogatorios practicados hasta el momento tanto a Ron como a su sucesor Emilio Saracho así como a los exdirectivos de la entidad ponen de manifiesto que existen dos versiones claramente diferenciadas en relación a los motivos que propiciaron una fuga de depósitos de más de 16.000 millones de euros en apenas tres meses.
Así, mientras desde el círculo de Ángel Ron se defiende los pormenores de la ampliación de capital y descartan que se dieran instrucciones veladas para la compra de acciones por valor de 400 millones de euros, los últimos gestores expusieron en sede judicial que poco o nada pudieron hacer para salvar a la entidad del abismo en el que se encontraba hasta su disolución por parte de la JUR y posterior compra del Santander por 1 euro. Ahora le toca el turno a los inspectores del Banco de España Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández quienes explicarán en sede judicial las conclusiones adoptadas en la pericial estrella la segunda semana de febrero. Tras ellos arrancará la ronda de testificales en el marco de la cual declararán Luis de Guindos, Luis María Linde, el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y su antecesora en el cargo Elvira Rodríguez.
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