La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación sobre la comercialización de preferentes en Bancaja respaldando así el criterio del magistrado instructor Fernando Andreu que dio carpetazo a esta pieza separada del caso Bankia al no quedar acreditado que esta entidad –ni tampoco Caja Madrid- emitieran dicho producto financiero con el objeto de engañar a los inversores.
Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal resuelven en un auto la parte relativa a las preferentes emitidas por Bancaja (cuyo importe ascendió a 300 millones de euros entre los años 1999 y 2000) si bien todavía no se han pronunciado en lo que respecta a Caja Madrid, desde donde se emitieron 1.500 millones de euros ampliables a 3.000 millones en el año 2009.
De esta manera, rechazan el recurso de apelación contra el auto del juez instructor del pasado mes de mayo, en el cual los querellantes aludían a que Banco de España ya alertó en noviembre de 2009 sobre la complejidad de estas participaciones y la escasa liquidez que aportaban a las entidades para absorber las pérdidas inesperadas.
Los jueces, en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, no comparten este criterio y concluyen que lo que se tendría que demostrar en esta investigación es que Bankia (que agrupó, entre otras, a las dos cajas contra las que se dirigen las querellas) utilizó las preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia que atravesaba antes de ser rescatada en el año 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Desconocían la situación de insolvencia
Al respecto, dicen que no se ha acreditado “ni indiciariamente” que las cajas arriba mencionadas, en el momento emitieron las preferentes, fueran conocedoras de que iban a terminar en situación de insolvencia perjudicando de esta manera a miles de inversores.
En su auto del pasado mes de mayo, el magistrado que ha instruido el caso Bankia recordó que no se habían practicado diligencias en un año y que no cabía reproche penal contra las dos cajas extintas. También expuso que no había quedado acreditado que los comerciantes de dichas entidades recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados incumpliendo de esta manera lo recogido en los contratos y en los test de idoneidad.
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