El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella presentada contra el expresidente del Grupo Caixa Isidro Fainé, así como contra Criteria Caixa y Caixabank, como personas jurídicas, por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del banco portugués BPI.
En su auto, el juez explica que los hechos denunciados por dos accionistas pueden ser constitutivos de delito de abuso de mercado, administración desleal y delitos societarios y libra de oficio a Caixabank para que aporte abundante documentación sobre esta operativa además de los órganos corporativos durante el período 2015-2017.
La querella admitida a trámite recoge una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de Caixabank con su accionista de control Criteria (hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015) y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.
La querella también se dirige contra el presidente del Consejo de Administración del Banco of East Asia (BEA) David K.P. Li, y los directivos de Caixabank Alejandro García Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla, Juan Antonio Álvarez García y Gonzalo Gortázar Rotaeche.
El escrito recoge una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de Caixabank con su accionista de control Criteria (hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015) y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.
En lo que respecta al primer punto, se relata que el principal objetivo de Fainé con la operación de permuta, que se llevó a cabo el 31 de mayo de 2016, era entrar en el accionariado de BPI. Según los querellantes, esta operación provocó un perjuicio a Caixabank de 654,7 millones de euros en tanto el contrato pactado recogía un valor fijo de las acciones que no podía modificarse cuando se traspasó el capital de BEA a Criteria.
Añaden que, a esta cuantía hay que sumar un perjuicio de 370,5 millones de euros que es lo que Caixabank dejó de ganar al transmitirse el 17,24 por ciento de acciones del BEA. Esta hubiera sido la plusvalía que hubiera percibido como consecuencia de la variación de las acciones, teniendo en cuenta que permanecieron inamovibles como consecuencia del acuerdo alcanzado.
Ocultaron información a los accionistas
Con todo, desde la entidad se comunicó a la CNMV que con la ejecución de la amortización del 9,9 por ciento de acciones propias el patrimonio neto disminuiría en la cantidad de 2.009 millones de euros pero que no afectaría al ratio de capital y que tampoco estaba previsto que la operación tuviera un impacto “significativo” en los resultados. Sin embargo, medio año después, en mayo de 2016, se comunicó que finalmente las transmisiones previstas tendrían un impacto de 14 millones de euros en los resultados consolidados.
Los querellantes también denuncian que el Consejo de Administración no informó de la eliminación de restricciones en caso de OPA pese a conocer con carácter previo a la aprobación de la operación, que efectivamente podría producirse este supuesto. Por ese motivo denuncian “abuso de información privilegiada y de posición dominante” de Criteria y de negar la información solicitada por los accionistas minoritarios del banco catalán.
400 millones a cambio de su apoyo
Respecto al préstamo de 400 millones de euros al BFA, la querella asegura que este crédito de Caixabank se negoció a cambio de que a Isabel do Santos (hija del expresidente de Angola José Eduardo do Santos y segunda accionista del BPI) apoyara la eliminación de restricciones de voto del BPI y, por tanto, facilitara la entrada de la entidad en el banco.
De la Mata explica que este caso es competencia de la Audiencia Nacional por el importe de la cantidad en que se cifra el perjuicio, de cientos de millones de euros, así como por el quebranto a la entidad bancaria de manera “personal y directa” y, por ende, apunta el magistrado, a todos los accionistas de la misma, que pueden haber sido perjudicados por la actuación de la entidad en los hechos querellados.
Entre toda la documentación requerida, el magistrado solicita el acuerdo e informe del Consejo de Administración de Caixabank aprobando la operación de permuta, los acuerdos de levantamiento de las restricciones establecidas en el Acuerdo de Inversión Estratégica entre BEA y Caixabank, así como toda la documentación que disponga la entidad relativa al préstamo de 400 millones de euros a BFA. El juez también pretende averiguar con qué documentación contaron los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Control (informes, análisis, expedientes, memorias…) para evaluar la operación de permuta.
Segunda investigación de Caixabank en la Audiencia Nacional
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional aclarar que la admisión a trámite de la querella no constituye “todavía” un acto de imputación judicial aunque sí permite a los querellados comenzar a defenderse una vez se ha producido la admisión a trámite de la querella.
Con todo, este es el segundo procedimiento que abre la Audiencia Nacional contra Caixabank ya que el pasado mes de abril el juez Ismael Moreno inició una investigación contra la entidad por la actuación de diez sucursales en la ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en macrooperaciones como ‘Emperador’, ‘Chequia’, ‘Snake’ y ‘Pólvora’.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios