Nuevo giro de 180 grados en el Caso Dina. Los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han dado la razón al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y han ordenado al magistrado que investiga el caso Villarejo que le devuelva su condición de perjudicado en esta pieza décima del caso Tándem. Consideran que no se puede descartar que José Manuel Villarejo esté detrás del robo del teléfono de Dina Bousselham ni tampoco de la difusión en prensa de su contenido puesto que él tenía una copia de todo este material. Según concluyen los magistrados, el hecho de que hasta hoy no se haya podido probar si el robo fue "un hecho casual o una actuación deliberada" no es causa suficiente para que el vicepresidente segundo del Gobierno pierda su condición de perjudicado.
Tras un estudio cronológico de todos los hechos que se han ido produciendo en esta investigación desde su arranque en marzo de 2019, los magistrados de la Sección Tercera determinan que no se puede acreditar que Villarejo esté detrás del supuesto robo y de la difusión en prensa del contenido del teléfono pero tampoco descartan este extremo. Según explican en su auto, en esta macrocausa se investiga una organización criminal en la que, presuntamente, el comisario jubilado recibía, entre otros, encargos de participar en maniobras de intoxicación informativa y de realizar campañas de desprestigio. "Dada la correlación de fechas todas las actuaciones ocurridas desde el robo del móvil gravemente perjudiciales para Podemos y sus miembros, particularmente para el Sr. Iglesias, debe mantenerse a este último su condición de perjudicado", sentencian.
Los magistrados concluyen que tras las periciales practicadas tampoco se puede dar por sentado que Iglesias esté detrás de la destrucción de la tarjeta. Sobre este punto, que se está convirtiendo en la parte troncal de las pesquisas, la Sala de lo Penal hace hincapié en que no se ha demostrado que Iglesias entregara a Dina a mediados de 2016 la tarjeta dañada, sino que lo que Bousselham apuntó en sede judicial es que cuando recuperó el dispositivo y fue a ver lo que había en su interior éste no funcionaba, motivo por el cual no pudo visualizarlo. Se trata de una tesis muy diferente a la que defiende el magistrado Manuel García Castellón el cual apuntó con el avance de la causa que no se descartaba que Iglesias estuviera detrás del destrozo, lo que sería constitutivo de delitos de daños informáticos.
No le ocultó la tarjeta
En referencia al tiempo que Iglesias tuvo la SD en su poder, la Sala concluye que no se puede entender con ello que se la quisiera ocultar a su legítima dueña. "Tardase más o menos, la entregó voluntariamente, sin requerimiento alguno, dentro de un entorno de confianza profesional y personal", reza el auto el cual se ampara en lo manifestado por la exasesora del líder de Podemos acerca de que existe entre ambos una amistad de años y que no le reprochó que tardara medio año en dársela. Se trata de una postura que ha defendido Bousselham en sus últimos escritos al tribunal y que viene a matizar su declaración en sede judicial el pasado mes de mayo cuando dijo a preguntas de Fiscalía y del magistrado que no sabía por qué Iglesias la retuvo medio año y que nunca pudo acceder al contenido del dispositivo.
Así pues, para la Sala es clave el hecho de que Villarejo tuviera todo este material en su casa porque refuerza la tesis de que quisiera difundirlo para ocasionar un "quebranto" a Iglesias. Ahora bien, esta línea de actuación no es incompatible con lo que califica de "hipótesis alternativas" en referencia a que las fuentes de publicación no se ciñen solo al entorno de Villarejo sino que podrían ser los propios perjudicados de la historia los que enviaran a los medios los famosos pantallazos sobre conversaciones privadas de los líderes del partido. "En la fecha en la que se dictan los autos impugnados, no hay pruebas que sustenten que los hechos se han producido conforme a algunas de las alternativas señaladas por el Juzgado Central de Instrucción número 6, por lo que nos encontramos con meras hipótesis que no desvirtúan la conexión de Iglesias con el objeto del proceso", sentencia.
La resolución, contra la que ya no cabe recurso, recoge además las notas que ocultaba Villarejo en su casa en relación con sus contactos con periodistas y recuerda que Iglesias recibió la tarjeta de manos del presidente del Grupo Zeta mucho después de que los pantallazos de Dina se publicaran en prensa. Cabe destacar que el comisario jubilado, imputado en esta pieza por cohecho y revelación de secretos, se desvinculó de la publicación de estas conversaciones de la cúpula de Podemos y expuso que él no estaba detrás de la publicación en prensa de los mismos. Añadió al respecto que varios periodistas le comunicaron que fue Dina Bousselham la que los envió por despecho a su antiguo jefe. Ella, por su parte, siempre ha negado este movimiento y se ha limitado a decir que hizo pantallazos de las conversaciones para almacenarlos y que pudo haberlos enviado a terceros.
La respuesta de la Sala al recurso de Iglesias tras la deliberación del pasado mes de julio, se produce apenas días después de la declaración en la causa en calidad de testigo de José Manuel Calvente. El excoordinador legal de Podemos fue citado por el magistrado para que aclarara si eran ciertas las advertencias que formuló en el chat del equipo legal del partido en las que alertaba de que no había habido robo del teléfono. Calvente volvió a ratificarse en estos hechos y dijo que en realidad se trató de un montaje por parte de la cúpula de Podemos para presuntamente tapar la filtración en prensa de los pantallazos. De este modo dijo que se trabajó en la teoría de que lo ocurrido se enmarcaba en una campaña de las cloacas del Estado para desprestigiarles si bien él no descarta que la filtración se produjera desde sectores contrarios a Iglesias dentro de la propia formación.
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