Decisión de calado en el caso Púnica. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Fiscalía Anticorrupción y ha ordenado al magistrado que investiga esta presunta red de corrupción, Manuel García Castellón, que reabra la investigación sobre el pelotazo urbanístico de Valdemoro, localidad epicentro de la trama. Los magistrados consideran que los hechos relativos a la modificación de las normas de urbanismo de manera ilegal no estarían prescritos pese a haber tenido lugar antes del año 2004.
Los magistrados declinaron este mismo martes acceder a la petición de la acusación popular pese a ser la misma de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que no tenían legitimidad para recurrir la decisión del instructor. Sin embargo, sí dan la razón a las dos fiscales al frente del procedimiento porque entienden que se tienen que practicar más pruebas ante la sospecha de que esta presunta manipulación de contratos arrancó en el año 1999 y se prolongó en el tiempo "en el seno de una organización dedicada a la comisión de hechos delictivos para su enriquecimiento personal".
En el escrito del Ministerio Público del pasado mes de diciembre, la Fiscalía pedía más diligencias de investigación ante el temor de que en la tramitación del PGOU de Valdemoro existió un plan preconcebido entre los impulsores del mismo y los técnicos municipales que consistió en la modificación de los terrenos que previamente habían adquirido empresas vinculadas a la trama. Es por ello que pidieron el plan de urbanístico de la localidad madrileña anterior al actual y una serie de expedientes administrativos relacionados con estos hechos.
Pieza clave en la causa
El magistrado, por su parte, declinó la solicitud asegurando que, de existir los delitos denunciados, estarían prescritos al haber transcurrido más de 15 años de la comisión de los mismos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los hechos investigados arrancaron con anterioridad a 2004 puesto que, antes de aquello, Granados -en calidad de alcalde de Valdemoro- participó en la venta de determinadas parcelas de dominio público a los impulsores del nuevo PGOU de 2004. Igualmente también se hace referencia a la existencia de un procedimiento penal en Suiza ante un presunto de blanqueo cometido por el propio Granados.
En concreto, las fiscales aluden a la existencia de una causa en el país helvético en la que se investiga si el que fuera secretario general del PP madrileño abrió cuentas bancarias en las que habría ocultado 1,67 millones de dólares; un hecho que podría estar vinculado con el pelotazo urbanístico de la localidad, epicentro de la red. Es por ello que la Sala de lo Penal concluye que todos estos hechos tienen que seguir investigándose en esta causa que arrancó en el año 2014 y que tiene que estar finiquitada, como fecha límite, en junio de este año.
El Albondiguilla y Jordán, nuevos testigos
Con todo, los investigadores siguen adelante con las diligencias y, de hecho, el magistrado acaba de acordar que declaren como testigos el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; su homólogo en Boadilla del Monte Arturo González Panero (conocido como 'el Albondiguilla') e Isabel Jordán, esta última exempleada de una de las empresas de Francisco Correa. Todos ellos, implicados en el caso Gürtel, están citados entre los días 14 y 15 de abril, de acuerdo con una providencia del instructor a la que ha tenido acceso La Información.
En este caso concreto el magistrado sí ha atendido el requerimiento de las fiscales Anticorrupción las cuáles quieren escuchar en sede judicial la versión que pueda prestar 'el Albondiguilla' de estos hechos. Precisamente, el exedil de Boadilla presentó un escrito ante el Ministerio Público en el que señalaba directamente a Esperanza Aguirre como la impulsora del presunto circuito de financiación irregular que se habría puesto en marcha en el PP madrileño para costar en 'b' los gastos electorales, sin embargo García Castellón rechazó incorporarlo a la causa al considerar que no aporta nada a la investigación.
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