La decisión del juez de ampliar hasta junio de 2020 la causa en la que investiga el origen del patrimonio familiar de Rodrigo Rato no ha gustado a ninguna de las partes. Prueba de ello es que tanto el propio exvicepresidente económico del Gobierno como la Fiscalía Anticorrupción han recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid esta decisión, según fuentes jurídicas consultadas por La Información.
Ahora bien, lo han hecho en sentido opuesto dado que, mientras Rato pretende que este procedimiento termine de instruirse y se dé un paso más en cuanto al avance del mismo, el Ministerio Fiscal -que pidió una prórroga de tres años- consideró insuficiente la acordada por el titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. Con todo, no es la primera vez que el juez acuerda la ampliación de la instrucción, puesto que ya hizo lo propio en junio de 2017.
Justo cuando estaba a punto de expirar este plazo, a finales de noviembre, Serrano-Arnal anunció otra prórroga más que vencerá en junio de 2020 dado la complejidad de la causa en la que se investiga a Rato y otras personas de su entorno por el origen, presuntamente irregular, de su patrimonio familiar. Por estos hechos, el juez le imputa los delitos de prevaricación, blanqueo de capitales y cohecho.
La investigación contra el exdirector gerente del FMI arrancó tras una denuncia presentada por la Agencia Tributaria que derivó en su detención en abril de 2015 y en el registro simultáneo de su domicilio familiar y de su despacho. De acuerdo con Hacienda, Rato habría defraudado 6,8 millones de euros en los ejercicios de IRPF entre los años 2004 a 2015. Además cifró en 14 millones de euros las rentas detectadas como no declaradas por el exvicepresidente económico del Gobierno.
El informe de la ONIF que recoge estas conclusiones se incorporó en enero de 2017 a la causa principal, si bien el juez ha ido abriendo diferentes piezas hasta llegar a sumar más de una decena, relacionadas con la canalización de los fondos percibidos por Rato a través de sociedades familiares, como es el caso de Kradonara. En el marco de estas pesquisas el juez también puso el foco en su labor como conferenciante (actividad que desempeñó para BBC) o en los concursos para hacer la campaña publicitaria de la salida a Bolsa de Bankia.
Precisamente la fiscal Anticorrupción al frente del caso, Elena Lorente, pidió al juez que concluyera las pesquisas de esta parte concreta del procedimiento al considerar probado que Rato habría cobrado "comisiones carentes de justificación" superiores a los 800.000 euros por las campañas de publicidad de Bankia. Por estos hechos acusó a Rato y a otras 17 personas más por corrupción en los negocios. El instructor desestimó su pretensión y respondió que este tipo delictivo se encuentra íntimamente ligado a otros como el delito contra la Hacienda pública o el de blanqueo, de ahí que prefiera esperar a concluir la investigación general para proceder contra los acusados.
Rato, por su parte, ha negado en repetidas ocasiones estos extremos. En su última declaración en los juzgados de Plaza Castilla expuso que no cometió blanqueo de capitales y amparó su tesis en diferentes periciales que descartan la comisión de fraude que le atribuye la Agencia Tributaria. A falta de que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre el plazo de instrucción de esta causa, le ha dado la razón en los últimos meses acerca de asuntos tales como su petición de recuperar el material que le confiscaron los agentes de la Guardia Civil tras su detención hace ahora cerca de cuatro años.
La investigación de esta causa coincide en el tiempo con el juicio que acoge la Audiencia Nacional -y que se reanuda este lunes- contra un total de 34 personas por el presunto maquillaje de los ejercicios de 2010 y 2011 previa salida a Bolsa de Bankia. Rato, que es el principal acusado en este macroprocedimiento y se enfrenta a cinco años de prisión por delito de fraude de inversores, continuará respondiendo a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción este lunes después de que el juicio se tuviera que suspender transcurrido muy poco tiempo de su arranque por enfermedad de la fiscal al frente del mismo, Carmen Laúna.
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