La Audiencia Nacional ha ratificado el archivo para Javier Monzón en el caso Púnica. Los magistrados de la Sala de lo Penal consideran que el expresidente de Indra no cometió delito alguno en su gestión al frente de la multinacional española y han sobreseído de manera definitiva las actuaciones para el empresario. De este modo, respaldan la decisión que adoptó el pasado mes de enero el magistrado de la Audiencia Nacional al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, que ya apuntó que no se le podía atribuir ninguna actividad delictiva de las producidas en el seno la compañía.
Ahora, los magistrados de la Sección Cuarta confirman esta tesis "ante la ausencia de un mínimo dato que permita atribuirle el conocimiento de una actuación ilícita". El instructor al frente de esta macrocausa sí investiga a otros empleados de la multinacional por participar en un presunto sistema de desvío de dinero desde las arcas públicas del Gobierno regional madrileño hasta la formación popular que dirigía entonces Esperanza Aguirre. El magistrado imputó a Monzón el pasado mes de septiembre a petición de la Fiscalía Anticorrupción que le vio responsable de la gestión de sus subordinados.
Pese a ello, el instructor sobreseyó las actuaciones en lo que él respecta asegurando que no tenía control "sobre la fuente de peligro" en su cargo en calidad de presidente de Indra. Ahora, los magistrados que han estudiado los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal y por Adade fallan en le mismo sentido y concluyen que "nadie ha señalado ni ha aportado dato alguno relativo a que Monzón tuviera conocimiento de la actividad ilícita de la investigación". Se refieren los magistrados a las declaraciones tomadas en el marco de esta pieza novena del caso en la que se investiga una presunta caja b del PP regional.
Los exempleados de Indra que sí están investigados en la causa y que han comparecido en sede judicial en los últimos meses no incluyeron a Monzón en este presunto circuito del desvío de fondos que se habría producido desde organismos como la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid (ICM) a través del presupuesto inflado de alguno de los contratos de los que fue adjudicataria desde el año 2007. Es más, los magistrados insisten en que la clave de bóveda aquí está en determinar si las funciones ejecutivas de Monzón le obligaban a tener conocimiento de lo que hicieran los empleados de la compañía. Y la respuesta es negativa.
"Con independencia de que una de las obligaciones legales de toda institución o entidad y de su presidente sea el respeto o el cumplimiento de la ley, ello no quiere decirse que tenga que velar y supervisar los posibles hechos delictivos cometidos por sus empleados. Lo único a lo que está obligado legalmente quien ostenta una responsabilidad de un grupo organizado es adoptar los mecanismos para que en esa entidad se establezca un control eficaz de detectar cualquier infracción y esa previsión legal está contenida en la sociedad que presidía el señor Monzón", rezan los magistrados en el auto por el que dan respuesta al recurso presentado por Adade.
De hecho, el actual presidente del grupo Prisa expuso en su cita en sede judicial que en Indra existía un sistema normativo de control que velaba porque los pagos se realizaran vía transferencia y no en efectivo. De esta manera, se desmarcó de las acusaciones que apuntaban que la compañía, que sí sigue imputada como persona jurídica, habría emitido facturas falsas con las que pagar a los empresarios implicados en la presunta caja b del PP, tales como Daniel Horacio Mercado o Juan Miguel Madoz Echevarría. Monzón explicó que si se produjo algún pago al margen de la contabilidad legal que se solicitara más documentación para aclarar este extremo pero que, en cualquier caso, entre su cometido no estaba el control de las contrataciones.
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