El magistrado al frente del caso Popular, José Luis Calama Teixeira, ha acordado una batería de testificales para arrojar claridad a los motivos que propiciaron la caída del banco. De esta manera, ha llamado a declarar al exministro de Economía y actual vicepresidente del BCE Luis de Guindos, además del exgobernador del Banco de España Luis María Linde, al actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y su antecesora en el cargo Elvira Rodríguez.
De acuerdo con la providencia del magistrado, la primera en declarar en la Audiencia Nacional será Rodríguez, citada para el 4 de marzo y le seguirá el día 11 Linde. Tras él comparecerá el día 8 de ese mes Sebastián Albella y cerrará esta ronda el exministro Guindos el 2 de abril. Se trata de las primeras testificales del macroprocedimiento y que siguen a la declaración de todos los investigados por presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2016 así como por presunta manipulación de mercado ya en la última etapa de vida del banco.
Todos ellos, a excepción del actual presidente de la CNMV, repiten en calidad de testigos puesto que ya declararon en el juicio relativo a las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia. En este caso, el magistrado se interesará en saber qué grado de conocimiento tenían en relación al verdadero estado del banco que vivió una fuga de depósitos de 16.000 millones de euros en apenas tres meses. Cabe destacar que el nombre de Albella ya ha salido a relucir en los interrogatorios a los principales acusados puesto que en el momento de los hechos pertenecía al despacho de abogados Linklaters que asesoró la ampliación de 2016.
El papel de Albella
No obstante, pese a dar el visto a esta operación de 2.505 millones, tras su llegada a la presidencia de la CNMV abrió un expediente sancionador por infracción muy grave a los exaltos cargos del Popular en relación con las cuentas de ese 2016. Se trata de un hecho que no pasó por alto el antiguo número dos de Ángel Ron, Roberto Higuera, en su declaración en sede judicial el pasado 9 de octubre. Las declaraciones practicadas hasta el momento demuestran disparidad de versiones en torno a los motivos que llevaron a la resolución de la entidad por parte de la JUR.
Al respecto, tanto Ron como sus consejeros más cercanos negaron irregularidades en su gestión y pusieron el foco en las acciones cometidas por su sucesor, Emilio Saracho, el cual, por su parte, alegó ante el magistrado Calama Teixeira que no conocía el verdadero estado del banco cuando asumió la presidencia y que se vieron obligados a comunicar a la CNMV información relevante en abril de 2017 en el que anunciaban un ajuste de cuentas de hasta 630 millones de euros. Con todo, el asunto relativo al proceso de cambio en la presidencia del banco ha cobrado especial interés tanto para el instructor como para el fiscal Anticorrupción al frente del caso, Antonio Romeral.
Al respecto, el foco está puesto tanto en el inversor mexicano Antonio Del Valle como en la expresidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones Reyes Calderón, a quienes Ron acusa de poner en marcha un plan dentro de la entidad para echarle de la presidencia, hacer caer el valor del mercado y, así, quedarse con banco. De hecho, el propio Ron apuntó que el magnate mexicano le amenazó con que haría campaña mediática en su contra si no se apartaba mientras la exconsejera independiente (y escritora) rebatió esta tesis calificándola de "novela". Del Valle, por su parte, negó estos hechos y denunció que el banco acabó en manos del Santander por un euro ante la falta de ayuda por parte de la JUR.
Nueva querella de los accionistas
Mientras tanto las citaciones avanzan y, una vez se interroguen a todos los acusados, el magistrado escuchará a los peritos del Banco de España encargados de elaborar la prueba estrella del caso. Los expertos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández están llamados a declarar la semana del 10 al 14 de febrero del próximo año en aras a explicar las conclusiones de su denso estudio en el que apuntaron que las provisiones recogidas en el folleto de la ampliación de capital eran demasiado optimistas y que la caída del sexto grupo bancario del país se debió a una intensa fuga de depósitos entre los meses de marzo y junio de 2017; hecho que hizo "prácticamente imposible" mantenerlo en pie.
Con todo, accionistas afectados por la caída de la entidad han interpuesto una nueva querella criminal contra Ángel Ron por los hechos acontecidos en la etapa previa a la ampliación de capital, de acuerdo con un escrito presentado en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso La Información. El objetivo es que la causa, que en la actualidad se ciñe a los hechos ocurridos en los años 2016 y 2017, amplíe el foco y estudie presuntas irregularidades en los años anteriores. Hasta la fecha, tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción se han negado a estudiar estos ejercicios, si bien el magistrado ha dado traslado de esta nueva querella al Ministerio Fiscal para que se pronuncie acerca de la misma.
Los afectados, cuya defensa letrada ejerce el penalista Felipe Izquierdo, explican en su escrito que el Banco Santander debe figurar como responsable civil en tanto "adquirió en bloque y a título universal" todo el patrimonio del Popular. Por este motivo el actual magistrado instructor imputó a la entidad como persona jurídica en el procedimiento si bien la Sala le obligó a rectificar y levantó esta condición de investigado del banco, el cual sí debe responder como responsable civil de lo ocurrido en la entidad.
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