Las víctimas de iDental están abocadas a litigar en el procedimiento penal de manera conjunta. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha respaldado el criterio del juez instructor, José de la Mata, argumentando que si no se opta por esta vía sería imposible seguir instruyendo un procedimiento que cuenta con decenas de miles de perjudicados por la presunta estafa en la incurrieron los dueños de estas clínicas 'low cost'.
Los magistrados de la Sección Cuarta responden de esta manera a la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que, en colaboración con Afecade, pidió a la Sala que revisara el criterio del instructor de reducir a seis las personaciones y les dejara litigar por separado teniendo en cuenta que esta asociación fue pionera en denunciar los hechos en juzgados provinciales. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 aplicó criterio de agrupación por orden de presentación de querella en la Audiencia Nacional, lo que les abocó a tener que agruparse a una de las seis defensas designadas.
La asociación, que representa a más de 250 víctimas de estafa, pidió a la Sala en el recurso que ahora desestima que tuviera en cuenta que estas personas habían depositado su confianza en la dirección letrada de la asociación y que esta maniobra podría implicar la pérdida de la misma así como un incremento de los honorarios a pagar; hecho este último a tener en cuenta en tanto representan a muchas personas con recursos bajos. Con todo, la Sala responde que no se mermará el derecho a defensa de todos ellos y así lo plasman en un auto recogido por este diario.
Objetivo común
Los magistrados razonan también que las agrupaciones no perjudican a su defensa porque no solo "existe identidad en los hechos denunciados" sino que los intereses de las víctimas son los mismos. Cabe destacar que los afectados en esta causa, que suma decenas de miles de personas de toda España, lo son por dos vías; esto es por la presunta estafa económica en tanto muchos afectados tuvieron que seguir abonando el coste de los servicios pese a que las clínicas cerraron sus puertas de la noche a la mañana, y también desde el punto de vista de lesión a su integridad. Ello es así porque un gran número de víctimas alega ataque a su persona ante la deficiente calidad de los tratamientos recibidos.
En aras de evitar un doble perjuicio, el magistrado De la Mata congeló el pago a las financieras el pasado mes de febrero. En concreto suspendió de manera temporal el pago de los créditos pendientes de abono a más de diez entidades financieras por los tratamientos odontológicos que suscribieron los perjudicados. Además, les pidió que no les incluyeran en sus ficheros internos al menos hasta que hallaran una solución. Sin embargo muchas víctimas han denunciado que han seguido siendo asediadas por las financieras, algunas de las cuáles les llaman hasta cinco veces al día recordándoles el impago de los créditos suscritos.
Dan la batalla ante la Administración
Con todo, la vía penal no es la única en la que litigan los afectados. Recientemente, esta misma plataforma Afecade interpuso una reclamación ante el Ministerio de Sanidad con el fin de que se resarzan los daños físicos y morales que las víctimas han sufrido con esta presunta estafa piramidal. Por ese motivo, han abierto una vía de reclamación en el Ministerio de Sanidad ante la "gran alarma" social creada y la respuesta que consideran que debería dar el Estado.
Mientras tanto, el procedimiento que asumió el pasado verano la Audiencia Nacional ante la magnitud y el volumen de la investigación, sigue su curso. El pasado mes de mayo el instructor puso fin por primera vez a una de las piezas de la causa y procesó a un total de siete personas (gestores de iDental) por más de una veintena de delitos contra la Seguridad Social, de acuerdo con el auto del juez que recogió que los impagos acumulados a las empresas de ambos grupos ascendían a 23,6 millones de euros.
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