Sábado, 18.01.2020 - 07:12 h
Se habrían apoyado en sociedades pantalla

La Audiencia imputa a FCC por mordidas de 82 millones en licitaciones en Panamá

El juez Moreno le atribuye delitos de blanqueo y corrupción a la constructora, la cual presentó en enero dos denuncias en Anticorrupción.

Sede de FCC
Sede de FCC / FCC - Archivo

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica a la constructora FCC por los delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por haber pagado presuntamente 82 millones de euros en comisiones ilegales para adjudicarse la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de Salud de Panamá, informan fuentes jurídicas. En concreto, el magistrado dirige el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcción S.A, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias S.A

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 otorga un plazo de 5 días a estas mercantiles para que designen un representante, abogado y procurador. Con todo, aunque la imputación se produce en este momento procesal, los hechos ahora investigados se remontan al año 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht por posibles delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal que se habría cometido entre los años 2009 y 2015.

De acuerdo con el relato del magistrado, las tres mercantiles ahora imputadas constituyeron un consorcio con Odebrecht para participar en el concurso de obras de Panamá resultando finalmente adjudicatarias de dos líneas de metro en el país sudamericano. Los acusados -altos exdirectivos de ambas mercantiles que ya han declarado en el juzgado como investigados- "crearon un esquema de corrupción repetido" y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro y, además, facturarlo a doble de su precio. 

Comisiones rogatorias

Se trata de unos indicios que el magistrado instructor ha corroborado a tenor de toda la documentación aportada por las comisiones rogatorias a Suiza y que vendrían a determinar que las mordidas que abonaron a empleados y dirigentes políticos de Panamá para hacerse con las licitaciones se desvió a través de sociedades pantalla que administraban los propios exdirectivos de FCC y Odebrecht. La información aportada desde el país helvético el pasado mes de enero incluía el aviso que realizó un banco de la ciudad de Lugano que advertía de las operaciones de riesgo que habrían realizado estas empresas opacas. Esto es: se puso sobre aviso de que estas sociedades no contaban ni con clientes ni con trabajadores y, pese a ello, ejecutaban un millonario volumen de facturación.

Con todo, la propia FCC presentó entre los meses de mayo y junio dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación a estos hechos. Tanto es así que aportó 38 facturas y transferencias libradas desde la compañía al entramado investigado por un importe total de 87,77 millones de euros entre los años 2010 y 2014 por servicios que no estarían prestados. Además, la denuncia aportada pone de manifiesto que estos exdirectivos, que han sido cesados de la compañía, participaron en acuerdos presuntamente amañados de 13 obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua. 

"Transgresión radical de la legalidad"

Sin embargo, el magistrado Moreno considera que debe imputar a las mercantiles como persona jurídica porque, al margen de la responsabilidad penal que tengan estos directivos cesados, la multinacional que controla el magnate Carlos Slim, no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de los hechos delictivos y tampoco implementó los mecanismos de control para detectar este tipo de situaciones que tuvieron lugar en el seno de la compañía durante estos años que están bajo la lupa de los investigadores.

Por todo ello, el magistrado considera que las tres mercantiles de FCC deben ser convocadas a la causa por su presunta responsabilidad penal en los hechos en tanto "presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro" y no solo eso sino que los indicios que obran en la causa hasta el momento revelan "una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional". 

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