El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para investigar la mayor estafa piramidal de inversión con criptomonedas. Se trata de un asunto que proviene de un juzgado de Arona (Tenerife) en relación a la empresa Arbistar 2.0, la cual habría perjudicado a más de 1.120 víctimas aunque el juez calcula que se podría alcanzar la cifra de 32.000 estafados. El perjuicio se estima en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 100 millones.
El magistrado -que investiga otras causas como la relativa al Banco Popular- ha dado luz verde a la petición del juzgado tinerfeño, el cual incoó diligencias el pasado mes de septiembre a tenor de un oficio de la UDEF. Los hechos que ahora pasará a indagar la Audiencia Nacional debido a la magnitud del asunto, podrían ser constitutivos de delito continuado de falsificación en documento mercantil, organización criminal y estafa agravada a tenor del valor de la defraudación. En su auto, el magistrado recuerda que este órgano ostenta la competencia "sin ambages" de este tipo de causas debido a las cifras del presunto perjuicio así como por el hecho de que el asunto ha estado en manos de más de 30 audiencias provinciales.
"Sin duda alguna, tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda", precisa. De acuerdo con su relato, los investigados en esta causa han actuado mediante la mercantil Arbistar 2.0, de la que es administrador único Santiago Fuentes, impulsando una trama en el mercado de criptodivisas que supera la cifra del millar de perjudicados. Según denunció la Policía Judicial, los inversores debían crear una cuenta virtual en la que dar de alta un monedero electrónico en el cual almacenarían las criptodivisas. Las operaciones se realizaban todas de manera online a través de una plataforma de comercio de criptomonedas con sede en San Francisco.
"Este esquema de naturaleza piramidal no solamente se usaba para que los que
habían invertido aportaran más dinero sino para atraer a nuevas personas".
El éxito del boca a boca
Las aportaciones que realizaban se enviaban a monederos electrónicos de la sociedad que ahora está bajo la lupa de la Justicia de manera que, al menos en los dos meses siguientes al desembolso, los inversores perdían todo el control del dinero. Los propietarios accedían, siempre según el relato del auto, precisamente porque se les ofrecían rentabilidades de entre el 8 y el 15% mensual. La trama en cuestión les daba la posibilidad de ir sumando las rentabilidades a las cantidades iniciales o bien optar por el reembolso. Para ir cumpliendo con los pagos lo que hicieron fue utilizar parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros anteriores de manera que ello generaba confianza entre todos ellos acerca de que se trataba de un 'negocio' seguro y rentable.
Como el objetivo de los ahora investigados era atraer la mayor gente posible al negocio, se intentaba hacer ver de los beneficios inmediatos de la inversión y, además, se impulsó el "plan amigo" a partir del cual si los clientes conseguían incluir nuevos clientes tendrían una compensación. "De este modo la empresa, a partir de programas de marketing, consiguió innumerables inversiones creciendo así de una manera exponencial", reza el auto del magistrado, el cual recalca que el problema comenzó cuando, a partir de agosto del pasado año varios inversores solicitaron sin éxito la retirada de sus fondos. A juicio del instructor se produce en este caso el esquema de estafa piramidal característico pero actualizado al sistema actual de la moneda virtual.
"En este tipo de estafas de captación de fondos la insolvencia va creciendo exponencialmente en la misma proporción en que lo hacen los fondos que se van captando", explica para añadir que el engaño se va renovando durante toda la conducta criminal de los supuestos estafadores los cuáles se ven beneficiados en primera instancia en la confianza que depositan en ellos los primeros inversores. Este modelo piramidal conduce necesariamente a la frustración del negocio prometido, pues en la medida que se incrementa el capital recibido, aumentan exponencialmente las necesidades de nuevos ingresos para abonar los intereses", sentencia el magistrado.
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