La detención del histórico dirigente de ETA Josu Ternera en Francia viene aparejada con el cumplimiento de las cuentas pendientes que mantiene ante la Justicia gala y española. De hecho, en la Audiencia Nacional se emitieron hasta cuatro órdenes europeas de detención dictadas por diferentes juzgados de instrucción por su implicación en investigaciones tales como la relativa al atentado que efectuó la banda terrorista en la casa cuartel de Zaragoza en diciembre de 1987 que acabó con la vida de un total de 11 personas, cinco de ellas niños.
Según informan fuentes jurídicas, José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea está procesado en cuatro causas instruidas en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. La primera de ellas es la relativa al asesinato del exdirectivo de Michelín Luis María Hergueta Guinea en Vitoria en 1980. El magistrado Santiago Pedraz investigó estos hechos en el sumario 24/2005 y procesó por los mismos a Ternera. Igualmente decretó su búsqueda y captura para ingresar en prisión incondicional, de acuerdo con las fuentes consultadas que explican que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha ordenado la traducción de la orden de detención dictada en su día, lo que implica la no prescripción de la misma puesto que se reabre el sumario.
De acuerdo con el auto del magistrado Pedraz, la participación de Ternera en este asesinato se concreta en que se reunió con dos trabajadores de la factoría Michelin -ambos condenados por delito de colaboración con banda armada- los cuáles le facilitaron información de Hergueta. Los dos empleados reconocieron en sede judicial que se citaron hasta en dos ocasiones en los accesos del hospital de Bayona con Ternera y con 'Echeveste'. Ambos le pidieron una fotografía del entonces jefe de las oficinas técnicas de la factoría dado que, al parecer, era el encargado de negociar el convenio colectivo de la empresa y querían secuestrarle para presionar en las negociaciones, según dijeron.
Respecto al segundo encuentro, que se produjo el 5 de mayo de 1980, los dos empleados de la fábrica acudieron al mismo lugar hasta donde llegó un Peugeot con matrícula francesa y de color oscuro. Allí se produjo la entrega de fotografías del empresario que fue asesinado por tres jóvenes que le dispararon hasta en dos ocasiones en la cabeza. El magistrado Santiago Pedraz entendió que la participación de Ternera en estos hechos era clave porque se encargó de identificar a la víctima "en orden de propiciar su asesinato", de ahí que se le atribuya "responsabilidad criminal" en el atentado.
Primera causa contra etarras por lesa humanidad
El Juzgado Central de Instrucción número 2 también emitió una orden internacional de detención (OID) y una orden europea de detención (OED) por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en el que fallecieron once personas. Además, también le reclama el JCI número 3 por la causa que instruyó el magistrado Juan Pablo González contra parte de la excúpula de ETA por delito de lesa humanidad. El instructor le procesó en rebeldía y fue ya su sustituta en este juzgado, Carmen Lamela, quien concluyó la investigación y propuso juzgar a los históricos Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', Mikel Karrera Sarobe 'Ata' y Aitzol Iriondo Yarza 'Gurbitz'. En lo que respecta a Ternera no se le pudo trasladar este último acto procesal por encontrarse fugado.
Finalmente, el Juzgado Central de Instrucción número 5 tiene abierto el sumario 35/2002 contra Urrutikoetxea por delito de integración en organización terrorista. Esta causa fue instruida por el juez inhabilitado Baltasar Garzón y en ella investigó la financiación ilegal de ETA a través de las herriko tabernas. Las fuentes jurídicas consultadas han explicado que las cuatro requisitorias tienen cursadas sus respectivas órdenes de detención y éstas se mantienen en vigor.
Tras su detención en los Alpes Franceses y posterior ingreso en el hospital, el exjefe político-militar de la banda terrorista tendrá que rendir cuentas con la Justicia francesa donde fue condenado a ocho años de prisión por delito de asociación de malhechores. La legislación gala permite que, una vez pase a disposición judicial se le pregunte si acepta la condena o si, por el contrario, la rechaza. En cualquier caso, ninguna de estas opciones dificultaría el avance de las pesquisas en España.
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