La investigación sobre la infección con Pegasus de los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles será secreta. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha acordado el secreto de las actuaciones dirigidas para aclarar quién está detrás del espionaje al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa entre mayo y junio de 2021. El magistrado, que además ha ofrecido a Sánchez y Robles personarse en la causa como perjudicados, explica que el objetivo de la medida, que durará un mes, es "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación".
Así lo expone el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, en un auto dictado este jueves, en el que indica que solo "solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos". El magistrado subraya en su resolución que no se puede olvidar que en esta investigación puede existir "información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento".
Por todo ello, el juez coincide con el Ministerio Fiscal en la necesidad de acordar el secreto de la investigación durante un mes. Una decisión que apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Además, recuerda que el resultado de las diligencias que se practiquen podrán ser conocido posteriormente, "evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida la efectividad con esta medida perseguida el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna".
El juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión un día después de que el Ministerio Público presentara su informe por el que solicitó la declaración del secreto y el ofrecimiento de personación al presidente del Gobierno y la ministra de Justicia. En dicho informe, la Fiscalía también ha propuesto una batería de diligencias a practicar -que no han trascendido- para aclarar la naturaleza de los hechos denunciados por la Abogacía del Estado y los posibles participantes en el espionaje a Sánchez y Robles, tal y como reclamó el juez.
El magistrado de la Audiencia Nacional asumió el pasado martes la competencia para investigar la presunta infección con Pegasus de los móviles del líder del Ejecutivo y la titular de Defensa, al afectar directamente a altos organismos de la nación, pues así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. En dicha resolución, el juez apuntó la posible existencia de delitos de delitos descubrimiento y revelación de secretos y contra la intimidad, a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Asimismo, reveló las fechas en las que los dispositivos de Sánchez y Robles habrían sido infectados con el programa desarrollado por una empresa israelí.
Fechas de los ataques
Según detalló, el presidente del Gobierno fue atacado por Pegasus "en dos ocasiones", el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021 -coincidiendo con la crisis migratoria con Marruecos-, mientras que el dispositivo de la ministra de Defensa fue infectado por dicho programa espía en junio de 2021, pero sin concretar la fecha exacta. Así consta en los informes del Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional Internacional (CNI), que acompañaba la denuncia que los servicios jurídicos del Estado presentaron este lunes. En ambos casos, señala el magistrado instructor, "se produjo exfiltración de información del dispositivo debido a esta infección", si bien ninguno de los dos teléfonos "presentan ya "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".
La Abogacía del Estado presentó una denuncia en la Audiencia Nacional después de que el CNI comunicara el pasado sábado a Moncloa que los teléfonos de Sánchez y Robles habían sido víctimas del programa espía. En concreto, informaron de que se sustrajo del móvil del presidente 2,6 GB y 130 MB de datos, respectivamente; y que a Robles le 'quitaron' 9 MB. Tras ello, el servicio de inteligencia analiza también los dispositivos de los miembros del Gobierno para detectar cualquier indicio de espionaje. Al menos, las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera; la Ministra de Justicia, Pilar Llop; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han puesto ya a disposición del CCN sus teléfonos móviles.
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