La Audiencia Nacional ha instado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre una denuncia presentada contra la Junta Única de Resolución (JUR) y Deloitte por falsedad documental y apropiación indebida en la resolución del Banco Popular, al presumir la existencia de una posible infracción penal.
En un auto fechado el pasado 29 de octubre, la titular del juzgado central de número 3, María Tardon, insta a la Fiscalía a que se pronuncie sobre su competencia y, en su caso, las diligencias que se deben practicar.
La denuncia, presentada por el bufete de Ignacio Colls, se centra en el informe de los peritos designados por el Banco de España para asistir al titular del juzgado central número 4, José Luis Calama, que investiga en dos piezas separadas la resolución del banco, en junio de 2017, la amortización de sus acciones a cero y su posterior venta al Santander por un euro.
En su informe, los expertos del Banco de España Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández descartan que la entidad fuera inviable en la ampliación de capital de 2016, si bien las cuentas reflejadas en el folleto "no respetaban determinados aspectos de la normativa". Para los firmantes de la denuncia, o los peritos faltan a la verdad en su "misterioso y opaco informe" o Deloitte y la JUR han cometido "fraude, estafa y engaño" a los más de 300.000 accionistas del Popular.
La denuncia destaca que, de acuerdo con el informe de los peritos, el Popular era una entidad solvente en el momento de la resolución, cuya única causa fue la retirada de depósitos, "que se llevó a cabo "sorprendentemente de forma coordinada por las administraciones públicas", lo que causó los problemas de liquidez que provocaron la resolución del banco.
Los denunciantes hacen también referencia a la posible falsificación de la firma del que fuera presidente del Popular Emilio Saracho al pie de una carta enviada al Banco Central Europeo (BCE) en la que se declaraba inviable la entidad.
De confirmarse estos hechos, la resolución del Popular sería nula de pleno derecho, sostiene la denuncia, que relata que Deloitte Belgium, tras auditar las cuentas del banco durante "apenas doce días", certificó que la entidad valía un saldo negativo de 8 millones de euros", lo que sirvió de justificación para su resolución.
Sin embargo, los peritos del Banco de España, que tuvieron catorce meses para hacer su informe, certificaron que el banco tenía fondos propios por valor de casi 11 millones de euros, lo que supone una diferencia de 19 millones. Asimismo, la denuncia señala a la JUR como autora de un posible delito de prevaricación ya que el Santander, que se hizo con el Popular al precio de un euro, "ha reconocido públicamente que presentó su puja en la subasta fuera de plazo".
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