Domingo, 15.09.2019 - 08:44 h
Previsto para este sábado

El juez mantiene el Ospa Eguna al no ver indicios de delito terrorista en este acto

Rechaza prohibir la festividad pese a que la Fiscalía denuncia que es una campaña de acoso contra la Guardia Civil organizada por el entorno de ETA.

Efectivos de la Guardia Civil en Alsasua tras la detención de cuatro condenados
El fiscal denuncia que esta iniciativa navarra se enmarca en un "clima de terror". / EFE.

La festividad del 'Ospa Eguna' o 'Día del adiós' se va a celebrar en la localidad navarra de Alsasua el próximo sábado 31 de agosto tal y como estaba previsto después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno haya declinado suspenderla. El juez considera que no hay elementos suficientes para relacionarla directamente con hechos que serían constitutivos de delito de terrorismo; no obstante advierte al Gobierno navarro que le compete decidir si esta convocatoria se ajusta a la normativa para su celebración.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que actúa en funciones de guardia, ha dictado un auto en el que razona que no prohibirá esta iniciativa que se celebra en territorio navarro desde hace nueve años pese al criterio de la Fiscalía. El Ministerio Público solicitó al instructor la suspensión al entender que la misma se enmarca dentro de una campaña de hostigamiento y acoso contra los agentes de la Guardia Civil desplazados en la Comunidad Foral.

Ahora bien, el magistrado apunta directamente al Gobierno navarro y explica en su escrito que es este organismo el que tiene que velar "por el cumplimiento de los requisitos constitucionales". Insiste en que el Ejecutivo que preside la socialista María Chivite es el que tiene que garantizar que se mantiene la seguridad y no se cometen actos delictivos y añade que la Consejería del Interior de este gobierno regional debe decidir a escasas 24 horas de su celebración si lo mantiene o no. 

"No existe constancia alguna que permita afirmar, con la exigencia que el Derecho se requiere para poder restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos, que se haya producido o que se vaya a producir delito alguno en el acto previsto para el día 31", reza Moreno el cual, además, dispone que se adopten las medidas necesarias para evitar que en el curso de este acto convocado por la izquierda abertzale se realicen actos que impliquen enaltecimiento o justificación de delitos terroristas así como de "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o sus familiares"; hecho estos últimos cuya investigación compete directamente a la Audiencia Nacional. 

Las diligencias se incoaron tras la denuncia presentada por Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, en la que se pedía la prohibición del acto al considerarlo una campaña de acoso y odio contra el Instituto Armado. Sin embargo, entre los motivos que llevan al magistrado a mantener la festividad vigente se encuentran, por un lado, el hecho de que no existen hechos factibles que le hagan suponer que esta iniciativa es constitutiva de delitos de terrorismo, y por otro, que carece de competencias para actuar antes de que se produzcan los hechos.  

Sin competencias preventivas

"A la jurisdicción penal compete solo la persecución y castigo de los hechos ilícitos penales una vez que estos se han producido; actúa 'ex post' y no 'ex ante', pues carece de competencias preventivas", recalca Moreno e insiste en que para que se prohíban actos de este calibre la Justicia debe contar con "razones fundadas" que justifiquen esta forma de proceder. Por contra, el fiscal teniente de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, argumentó en su escrito remitido al Juzgado que esta festividad navarra es una reivindicación histórica de la banda terroristas ETA y, por tanto, es constitutiva de delito de terrorismo.

"Este evento sirve de colofón anual a las numerosas iniciativas contra la Guardia Civil que, de modo continuo, se realizan en Alsasua y que generan un clima social contrario a su presencia", expuso el fiscal en una nota remitida a los medios en la que aseguró que este tipo de actos buscan aislar socialmente a los agentes destinados en los territorios de Navarra y País Vasco con el fin de que se acaben marchando de los mismos. 

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