Revés para Podemos en abierta por supuesta financiación irregular. La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión del juez instructor de archivar la parte relativa a la supuesta caja 'B' de la formación. Los magistrados han admitido el recurso que presentó la exsenadora del partido Celia Cánovas y otras acusaciones populares y han ordenado al magistrado Juan José Escalonilla que reabra esta parte de la investigación en aras a esclarecer si el partido cometió administración desleal en relación con el uso de las donaciones que ésta efectuó mientras militaba en la formación.
Los magistrados analizan este asunto en dos autos separados a los que ha tenido acceso este diario. En uno de ellos, la Audiencia Provincial resuelve acerca del recurso sobre Cánovas y explica que, aunque es cierto que ella suscribió los compromisos relativos a las donaciones cuando se unió a este proyecto político, hay que considerarle víctima de los hechos al menos hasta esclarecer el destino final de parte de su salario que entregó al partido. De este modo, los magistrados le vuelven a admitir como acusación particular en el procedimiento después de que se la retirara el magistrado instructor siguiendo el criterio de la Fiscalía. En lo que respecta al segundo auto, la Audiencia da igualmente la razón a las acusaciones de Pro Lege y Vox que también habían pedido la reapertura de esta parte concreta de la investigación.
Precisamente, Cánovas arremetió contra la Fiscalía en su recurso de apelación y le acusó de "tergiversar la realidad" en lo que a las donaciones se refiere. Según razonó, éstas no eran de carácter voluntario como así concluyó el Ministerio Público y el magistrado Escalonilla. "De la documentación aportada se desprende de forma inequívoca la ausencia de toda voluntariedad en su otorgamiento, si bien constaban una serie de fines que justificaban la renuncia a parte de la retribución por cargo público", expuso la exsenadora. Según argumentó, esta obligatoriedad en los pagos podría tener relación con el destino de 30.000 euros de la Caja de Solidaridad de Podemos a la Asociación 404 Comunicación Popular. Se trata de unos abonos que efectuó la formación de Pablo Iglesias y que los denunciantes de la causa cuestionaron ante la posible comisión de delitos de malversación y administración desleal.
El Fondo de Solidaridad
El instructor archivó el pasado mes de octubre esta línea de investigación al apuntar que nada hacía pensar que los pagos no eran por trabajos reales. Expuso entonces que había quedado acreditado que efectivamente se efectuaron transferencias desde la Caja de Solidaridad a esta asociación cercana al partido, un hecho que, según dijo, no resultaba "anómalo ni extrano". La Policía Judicial constató que la mayoría de personas que formaban parte de este movimiento son miembros de la formación morada, algunos con cargos dentro del partido. Igualmente identificó que 404 Comunicación Popular recibió tres transferencias de 10.000 euros cada una ordenadas desde Podemos entre septiembre de 2019 y junio de 2020. Ahora bien, el juez expuso que no había indicios que apuntaran a irregularidades en los pagos o que hicieran sospechar que el dinero que recibió del partido no fue para la actividad contratada.
Sin embargo la Audiencia Provincial explica ahora que "es razonable" pensar que concurre una "vinculación subjetiva encubierta" entre dicha asociación y Podemos y que esta relación se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones que recoge la Ley Orgánica de Financiación de Partidos 8/2007. Los magistrados precisan además que se debe investigar más a fondo este asunto en aras a esclarecer si la formación pudo haber operado al margen de la inspección del Tribunal de Cuentas "en beneficio de algunos y con perjuicio para el resto de miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos".
Por su parte fuentes del partido cuestionan el auto de los magistrados y aseguran que este procedimiento, que arrancó a finales de julio, está dirigido a salir en los medios de comunicación. Con todo, el cambio de rumbo ordenado ahora por los magistrados implica que Escalonilla tendrá que volver a reabrir esta parte de las pesquisas las cuáles se habían archivado junto con el estudio de los contratos de ABD Consulting y la reforma de la sede. En la actualidad, el instructor y la fiscal solo estaban centrados en investigar un supuesto delito de financiación irregular en lo que respecta a la contratación de la consultora Neurona para las elecciones de abril de 2019.
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