La Audiencia Nacional ha citado para este jueves al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas 'black', y a otros 14 penados por el Tribunal Supremo, para requerirles su ingreso en la cárcel en un plazo de diez días hábiles, informan fuentes jurídicas.
Se les cita desde la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de forma personal para que comparezcan entre las 9.00 y las 11 horas del jueves en la sede de la calle Génova, en concreto en la Secretaría del Servicio Común de Ejecutorias Penales. No obstante, los diez días empiezan a contar desde el próximo lunes 15 de octubre, por lo que el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene hasta el viernes 26 para entrar en la cárcel.
Los requeridos son, además de Rato, el exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santin (condenado a cuatro años de cárcel), Francisco Baquero, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga, Antonio Romero, Rubén Cruz, José Maria de la Riva, Antonio Rey de Viñas, Javier de Miguel, Angel Eugenio Gomez del Pulgar, Rodolfo Benito, Gonzalo Martín Pascual, Francisco José Perez Fernandez, Miguel Angel Abejon y Jorge Gomez Moreno.
Se trata del total de 15 de los 64 condenados por el Tribunal Supremo, que acumulan una condena superior a los dos años de prisión. La Audiencia Nacional acuerda esta decisión tras recibir el pasado viernes la resolución del alto tribunal en la que se condena a todos ellos por delito de apropiación indebida. En concreto, se gastaron 12 millones de euros del patrimonio de Caja Madrid entre los años que han sido objeto de este procedimiento judicial (2003-2012).
Se trata de la primera condena en firme para el expresidente de Bankia. En relación a la responsabilidad penal del resto de acusados, los magistrados del alto tribunal concluyeron que no era posible aceptar que actuaran creyendo que el presidente ejecutivo tenía facultades para "disponer a su antojo de esa forma del dinero de la entidad", de ahí que les consideraran cooperadores necesarios del delito. Además, les reprocharon que "ninguna persona, con una formación mínima, podría entender que unas percepciones dinerarias, que funcionaban con tal grado de ocultación, pudieran estar justificadas en las normas aplicables".
Con todo, el pronunciamiento del alto tribunal, que siguió las líneas maestras dictadas por el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, afectó profundamente no solo a los condenados que irán a prisión sino a otros beneficiarios de estas tarjetas para los que el estallido del escándalo hace más de cuatro años supuso un gran escarnio público y, en la mayoría de los casos, el cese de sus funciones en sindicatos, patronal y consejos de administración de grandes multinacionales.
Durante la vista oral que arrancó en septiembre de 2016 y se prolongó más de cinco meses, los condenados expusieron que se les comunicó que las visas no estaban a su nombre porque se les dijo que la caja tributaba por ellos y que eran, a todas luces, tarjetas entendidas como parte de su remuneración en calidad de exaltos cargos de la entidad que presidió Blesa desde 1996 hasta la llegada de Rato a la misma. De hecho, el fallecido Blesa fue el que sumó la condena mayor de la Audiencia Nacional, en concreto de seis años de prisión.
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