La Audiencia ordena reabrir una pieza de Gürtel tras las revelaciones sobre Camps

  • Se pretende investigar quien dio las indicaciones para que la Generalitat adjudicara contratos a las empresas del Grupo Correa.
Francisco Camps en el Congreso
Francisco Camps en el Congreso
EFE

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez que instruye el caso Gürtel, José de la Mata, que reabra la pieza número 5 denominada ‘Orange Market’, para investigar quién dio las indicaciones de adjudicar a esta empresa del Grupo Correa determinados contratos de la Generalitat Valenciana, presidida en ese momento por Francisco Camps.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó que se volviera a abrir esta parte de la investigación después de que en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano, el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) Ricardo Costa y otros acusados apuntaran que fue Camps el que le dijo que tenían que contratar con las empresas de Francisco Correa para organizar actos de campaña de las elecciones autonómicas de 2007 y generales de un año después.

Los magistrados acceden a que se vuelva a indagar acerca de las indicaciones que recibió la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Dora Ibars, para la contratación de Orange Market en 2005 con el fin de que elaborara la guía de comunicación de la Generalitat y que costó 58.580 euros.

La Fiscalía también acusa a Ibars por la participación de la empresa de Correa como adjudicataria de forma directa del montaje de un stand de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009. En ambos casos se utilizó el sistema de fraccionamiento del precio en varias facturas.

Anticorrupción pretende que se ponga el foco en una adjudicación con fecha de 30 de diciembre de 2008 por un posible delito de prevaricación, que prescribe a los diez años. Al respecto, y sobre la posibilidad de que a raíz de las confesiones en Gürtel se investigue “la actuación de un tercero”, los magistrados señalan que no pueden adelantar el resultado de las pesquisas.

La declaración de Ricardo Costa durante el juicio por el que fue condenado a cuatro años de prisión, vino a respaldar la versión mantenida por los empresarios, también investigados en la causa, acerca de que financiaron ilegalmente campañas electorales del PP valenciano.

En su interrogatorio Costa fue más allá y, tras pedir perdón por los hechos, apuntó directamente al entonces presidente del PP valenciano y de la Generalitat, Francisco Camps, como la persona que, junto con el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, dieron las órdenes de seguir con esta dinámica de financiación irregular.

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