La Audiencia Nacional ha declinado la pretensión de la Asociación Española de Guardias Civiles (AUGC) de proveer de equipos de protección a todos los agentes ante la amenaza de contagio del coronavirus. Los magistrados de la Sala de lo Social desestiman la petición de medidas cautelarísimas solicitadas por el ente al considerar que la práctica indiscriminada de test "lejos de mitigar el riesgo de retardo, lo acrecienta". Esto es así porque, según inciden, se pone en peligro el uso racional de los medios con los que cuenta el Gobierno para proteger de la pandemia a los trabajadores que desarrollan servicios esenciales.
En un auto de 27 páginas explican que, teniendo en cuenta la "insuficiencia" de medios con los que cuenta el Ejecutivo, no se puede dar luz verde a su pretensión de obligar a la Administración a realizar test a todos los guardias civiles y proveerles del material de protección necesario. Los magistrados comparten el criterio de la Abogacía del Estado, que también se opone a esta petición, y recalcan que la parte demandante no ha acreditado de manera veraz los riesgos de contagio que denuncian por su exposición a un virus que se ha cobrado la vida, hasta el momento, de ocho agentes de la Guardia Civil.
Si la semana pasada rechazaban las pretensiones de sindicatos policiales de exigir al Ministerio del Interior mascarillas y otros equipos de protección, ahora hacen lo propio con la asociación de guardias civiles. Si bien en este caso les afean que no han acreditado las "graves aseveraciones" que plasman en su escrito. En el mismo denunciaron que la Dirección General de la Guardia Civil no les estaba protegiendo y que incluso se habían dado casos en los que los propios agentes concertaron un bote colectivo para comprar desinfectantes para limpiar sus zonas de servicio. Igualmente expusieron que no se están realizando los test de detección a los agentes contagiados (y cuya cifra es superior a los 800).
Cuestión de prioridad
La Audiencia Nacional les responde que esas afirmaciones han quedado "prácticamente desvirtuadas" por la documental entregada por la Abogacía del Estado, que representa a la Administración. Los servicios jurídicos del Gobierno contraatacaron a los guardias civiles aportando informes según los cuáles el pasado mes de enero se puso en marcha una actividad preventiva, dirigida principalmente a evaluar los riesgos en las diferentes unidades de atención. La Abogacía va más allá y recalca que, de admitirse la pretensión solicitada, se estaría vulnerando el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma puesto que se distribuirían los equipos de protección "en contra de los criterios fijados como prioritarios".
La Abogacía replica que se le podría reprochar a Interior una actitud de "inobservancia de la normativa" si no hubiera solicitado los EPIs y demás material necesario para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un hecho que, según defiende, no se ha producido. Consideran que el departamento que dirige el exmagistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, sí tomó cartas en el asunto y solicitó gafas, guantes, mascarillas o gel desinfectante, aunque se trata de un material que debe gozar de manera prioritaria el personal sanitario del país. De acuerdo con los informes aportados, Interior habría suministrado un kit de material de protección a todo el personal en servicio compuesto de tres mascarillas FFP2 b; 1o pares de guantes, un bote de gel hidroálcohólico y 5 bolsas de basura para residuos orgánicos.
1,5 millones en mascarillas
Los mismos informen recogen los problemas que está teniendo el Ejecutivo comprar todos estos equipos "debido al desabastecimiento que sufre el mercado actualmente". De acuerdo con su contenido, se está tramitando en estos momentos un expediente de emergencias para adquirir mascarillas por importe de 1,5 millones de euros. Los magistrados explican en su auto que, al igual que hiciera el Tribunal Supremo también en el procedimiento de medidas cautelarísimas del pasado 31 de marzo solicitadas por profesionales sanitarios, es necesario escuchar en este caso a la Administración antes de dictar una resolución.
Los magistrados sentencian que la AUCG no puede actuar como sindicato al tratarse la Guardia Civil de un Instituto Armado de carácter militar y recriminan que la petición que formulan entraña un riesgo para todo el país teniendo en cuenta la escasez de material de protección para hacer frente al coronavirus." La medida solicitada en los términos que se solicita lejos de mitigar el riesgo de retardo, lo acrecienta, poniendo, a juicio de esta Sala, en peligro un bien jurídico superior y trascedente al que se pretende proteger con la futura demanda, cual es la Salud Pública de la sociedad en su conjunto", concluye el auto.
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