La Audiencia Nacional no estudiará la querella interpuesta por las empresas del sector de la VTC contra los taxistas por organización criminal y otros delitos relacionados con las férreas protestas que tuvieron lugar el pasado mes de enero en el país. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, no admite a trámite la denuncia al entender que este órgano carece de competencia para estudiar su contenido.
La presentación de la querella, adelantada por este diario, se trató del primer movimiento judicial que los empresarios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) tomaron contra el sector del taxi a principios de febrero. Los denunciantes consideraron que la actuación de dicho sector era constitutiva de los delitos de organización criminal, además de desórdenes públicos y coacciones, entre otros y así lo plasmaron en su escrito, que entró en dicho juzgado el pasado 1 de febrero.
No obstante, el magistrado instructor adopta el criterio de la Fiscalía y expone en un auto con fecha de este miércoles que no es procedente aceptar su competencia, sin entrar a analizar el fondo del asunto. Cabe destacar que este juzgado es el mismo que instruye causas de gran calado en la Audiencia Nacional tales como el caso Tándem, relacionado con las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo, o las tramas Lezo y Púnica, entre otros.
La interposición de la querella se enmarca en los altercados que tuvieron lugar durante esos días. Solo en la capital madrileña la cifra de coches atacados fue de 150 según reportó Unauto, patronal de sector y firmante de la querella. De hecho, los incidentes en cuestión derivaron en la salida de Uber y Cabify de Barcelona si bien esta última ha reculado y ha anunciado que volverá a operar en la ciudad condal. Eso sí, en su retorno advirtieron que sólo cumpliría con la precontratación de 15 minutos en el primer servicio al cliente. Los siguientes se podrán ejecutar de manera instantánea.
Pero no solo en Cataluña ha habido cambios legales en torno a esta cuestión. El Gobierno madrileño también modificó la normativa del taxi equiparando en cierto modo sus condiciones a las de la VTC. De esta manera, los taxistas de Madrid podrán realizar trayectos contratados previamente y con un precio cerrado, similares a los que ofrecen los vehículos de alquiler con conductor para plataformas como Uber y Cabify, y ofrecer también 'carreras' compartidas por varios viajeros.
El conflicto sigue vigente
Los términos de esta nueva regulación se conocieron apenas días después de que el sector pusiera fin al paro indefinido que secundaron durante 16 días tras el referéndum convocado por el sector que terminó con un un 53,9% a favor de desconvocar la huelga. Su decisión vino influida por la negativa de la Comunidad de Madrid a regular las VTC apelando a que la tramitación ordinaria podría tardar años en salir; movimiento que fue entendido como un "insulto" y un "desprecio" a los taxistas de la Comunidad.
Conviene recordar que la presentación de la querella por parte de las VTC ante la Audiencia Nacional se produjo el mismo día en que se conoció el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid en el que descartaba que Cabify fuera competencia desleal frente al taxi, al entender que únicamente funciona como mediadora entre usuarios y conductores. Se trata de un capítulo de la guerra que ganó la startup española aunque todavía cabe recurso contra el Tribunal Supremo.
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