La Paz, 23 mar.- El Gobierno boliviano, la Defensoría del Pueblo y opositores expresaron hoy su preocupación por una ola de linchamientos en nombre de la "justicia comunitaria", que recientemente causó la muerte de un policía supuestamente confundido con un ladrón.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró hoy a los medios que "el linchamiento no es el método para hacer justicia ni para enfrentar la delincuencia, es un método violento que no está amparado en la legislación y que no resuelve las cosas".
En las últimas semanas, grupos vecinales e indígenas justificaron torturas y asesinatos contra presuntos delincuentes alegando que aplican la "justicia comunitaria" consagrada por el presidente Evo Morales en la Constitución en equivalencia con la ordinaria.
El Gobierno rechaza que la ley dé paso a esos linchamientos y Romero dijo que "la violencia delincuencial no hay que responderla con violencia vecinal", si bien considera importante que los vecinos se movilicen para afrontar los problemas de la inseguridad.
El jefe de la División de Homicidios de la ciudad de El Alto, mayor Oswaldo Fuentes, confirmó hoy que un hombre linchado por una turba el domingo en un barrio alteño resultó ser un policía.
Los linchamientos y castigos contra sospechosos se produjeron en varios lugares del país con mayor frecuencia después de que en febrero dos hermanos periodistas fueran estrangulados por delincuentes cuando iban a su trabajo.
La detención de dos presuntos implicados en ese crimen ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación que denuncian que los agentes escenificaron la captura para que sea anunciada por Morales.
El crimen provocó manifestaciones para pedir al gobernante que instituya la pena de muerte y derivó en la organización de brigadas vecinales de vigilancia y patrullajes militares en las ciudades.
"Quitar la vida de una persona, hacer la justicia por propias manos por venganza nos va a llevar a un desconocimiento total de la normativa (...) Cada vez que la gente pide pena de muerte, hay que reconocer que hemos fracasado como sociedad", dijo hoy a Efe el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.
Villena comentó que si se prueba que el operativo policial para la captura de los acusados de asesinar a los periodistas fue una farsa, eso demostraría la debilidad del Estado para dar seguridad.
La diputada opositora Elizabeth Reyes criticó que la mayoría de los linchamientos haya quedado en la "total impunidad" y lo atribuyó a la ineficacia de la Policía, la Justicia y el Estado.
La falta de sanciones para los que cometen crímenes colectivos está abriendo, en su criterio, "una puerta al infierno" y está dando paso a una "serie de atrocidades".
"La población vive en una situación donde el que a hierro mata, a hierro muere" y donde "el que salga a delinquir lo hará mucho más armado, igual que el que vaya a defenderse", sostuvo a Efe.
Tanto Reyes como Villena subrayaron que la "justicia comunitaria" no implica el linchamiento, aunque quienes la aplican dicen que sí.
De las decenas de linchamientos que se han producido en los últimos años, solos dos han sido sancionados con cárcel, mientras que varios quedan impunes por el pacto de silencio de quienes los cometen, como el asesinato de cuatro policías por parte de indígenas en el pueblo andino de Uncía en 2010, dijo Reyes.
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