En el municipio de Antônio João (Mato Grosso do Sul, centro oeste de Brasil), cerca de la frontera con Paraguay, "la situación actual es de mucha tensión", relató el miércoles a la AFP Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionario (CIMI), un movimiento vinculado a la iglesia católica que defiende a las comunidades indígenas de Brasil.
Unos mil indígenas de la etnia Guaraní-Kaiowá que reclaman la propiedad de estas tierras invadieron seis estancias rurales el 22 de agosto. Una semana después, según el relato del CIMI, decenas de estancieros decidieron desalojarlos a mano propia y en esa operación ejecutaron de tres tiros al líder Semião Vilhalva, de 24 años.
"Es una región con un historial de violencia contra los Guaraní-Kaiowá por parte de los hacendados, y Semião es una víctima más", reclamó Buzatto.
A pedido de las autoridades de Mato Grosso do Sul, el gobierno federal envió tropas del ejército para contener la situación en cuatro municipios de la región, una operación que durará 30 días.
Este miércoles, el ministro de Justicia, José Cardozo, y dos diputados federales viajaron a Mato Grosso do Sul para reunirse con líderes locales e intentar destrabar el conflicto.
Los Guaraní-Kaiowá de esta región intentan desde hace una década recuperar unas 9.300 hectáreas que el Poder Ejecutivo llegó a reconocer como sus tierras ancestrales, un área denominada Ñanderú Marangatú.
Pero atendiendo el reclamo de estancieros que ocupaban la zona, la Suprema Corte de Justicia suspendió indefinidamente los efectos de ese reconocimiento en 2005, y los indígenas fueron expulsados.
Desde entonces, y con el proceso aún sin definición, los indígenas viven en una pequeña porción de esos territorios, "sin agua, sin saneamiento, con situaciones de desnutrición infantil" y sin posibilidades de plantar o recolectar lo que precisan para vivir, explicó Buzatto.
En una protesta celebrada el martes en Brasilia, los nativos simularon un cortejo fúnebre y acusaron a la presidenta Dilma Rousseff de "falta de coraje" por ser la mandataria que demarcó menos superficie de tierras indígenas desde la dictadura militar (1964-1985).
Según un informe publicado este año por el CIMI, en 2014 hubo 138 homicidios de indígenas en Brasil, un aumento de 42% con respecto al año anterior.
En Brasil viven unos 820.000 indígenas, que a menudo protestan en la capital por las demoras del Poder Ejecutivo en la homologación de tierras ya demarcadas en favor de las comunidades autóctonas.
La Constitución brasileña establece que los indígenas tienen "derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan", es decir, aquellas habitadas por ellos de forma permanente y que utilizan para sus actividades productivas.
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